La crisis económica del Ingenio La Cabaña S.A. ha llegado a un punto crítico. Tras el vencimiento del plazo para presentar un acuerdo de reorganización ante la Superintendencia de Sociedades, la empresa solicitó formalmente su liquidación judicial. En una comunicación dirigida al superintendente delegado de Procedimientos de Insolvencia, la apoderada de la compañía, Diana María Gutiérrez Uribe, informó que no fue posible alcanzar un consenso con las entidades financieras acreedoras debido a una conjunción de factores macroeconómicos, climáticos, financieros y operativos que afectaron severamente el flujo de caja y pusieron en duda la continuidad del negocio.
Razones detrás de la solicitud de liquidación
El documento presentado por la apoderada señala que la imposibilidad de llegar a un acuerdo no se debe a la inviabilidad de la sociedad en sí misma ni a una causa aislada, sino a la convergencia de múltiples factores que impactaron directamente el desempeño del negocio. Entre estos se encuentran la crisis del sector azucarero, las dificultades para obtener capital de trabajo fresco, los efectos climáticos adversos sobre la producción, la caída de los ingresos proyectados y situaciones de orden público que han limitado las operaciones. La compañía sostiene que esta combinación impidió presentar una propuesta de reorganización viable dentro de los plazos legales.
La reorganización empresarial es un mecanismo legal diseñado para que las sociedades con problemas financieros puedan renegociar sus deudas y continuar operando. En este caso, la empresa intentó estructurar una salida que permitiera mantener la actividad productiva, pero la mayoría de las entidades financieras no consideró viable la propuesta. Ese rechazo cerró la posibilidad de salvar la sociedad por esta vía.
Ante este escenario, La Cabaña solicitó el nombramiento inmediato de un liquidador que proteja sus activos ubicados en el norte del Cauca, especialmente frente a posibles vías de hecho. Esta petición marca un punto de inflexión para una empresa agroindustrial cuya operación depende de liquidez permanente para sostener labores agrícolas, industriales, pagos de nómina y compromisos con proveedores.
Acreedores no respaldaron la propuesta de reorganización
Durante el período legal de cuatro meses para negociar el acuerdo de reorganización, la compañía presentó a sus principales acreedores financieros varias alternativas para aliviar su estructura de deuda y recuperar capital de trabajo. Entre las medidas propuestas estuvieron la fusión de compañías del Grupo Cabaña para extinguir deudas entre vinculadas, un mecanismo de financiamiento a través de una estructura de energía no vinculada a la reorganización, un período de gracia hasta 2030 y plazos de pago de entre 10 y 16 años. La propuesta también contemplaba la subordinación de deuda con algún grado de relación. Sin embargo, la mayoría de las entidades financieras no consideró viable este esquema, lo que cerró la ruta de reorganización y dejó como única opción la liquidación judicial.
La presión sobre el flujo de caja ya se venía acumulando. Al cierre de 2025, dos grupos familiares de accionistas habían otorgado préstamos a la empresa por aproximadamente 52.585 millones de pesos para cubrir la falta de capital de trabajo. No obstante, esos recursos no fueron suficientes para revertir el deterioro. Dichos aportes llevaron a los accionistas a límites de liquidez en sus propios patrimonios, lo que impidió destinar nuevos recursos. En los primeros meses de 2026, la compañía operó mediante anticipos, pero los retrasos en los pagos de nómina y a proveedores generaron tensiones que afectaron la continuidad operativa y elevaron el riesgo para los trabajadores.
En este contexto, el Ministerio del Trabajo anunció una ruta de concertación para proteger a los empleados ante la posible liquidación. Aunque el eje de la crisis es financiero y operativo, el impacto laboral se perfila como una de las consecuencias más notorias, especialmente por los atrasos salariales y las dificultades para mantener la actividad productiva.
Caída de precios, TRM y sacarosa golpearon los ingresos
La empresa también atribuye parte de su deterioro a factores económicos y productivos fuera de su control. El ciclo agroindustrial de la caña tiene particularidades que deben considerarse, como las lluvias, la falta de maduración de la caña proveniente del período anterior y el nivel de sacarosa asociado al cambio climático. Estos factores afectaron los resultados durante los primeros semestres, justo cuando la operación necesita generar recursos para cubrir sus costos. A esto se sumó una caída en los ingresos proyectados durante el segundo semestre de 2025.
La compañía reportó una disminución del precio de venta del azúcar nacional de hasta un 12%, con un impacto negativo aproximado de 19.000 millones de pesos. También señaló una caída de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que afectó los resultados operativos en cerca de 11.000 millones de pesos. La TRM refleja el valor del dólar en Colombia y puede incidir en los ingresos y costos de empresas expuestas a variables externas.
Otro golpe provino del precio internacional del azúcar, que pasó de niveles de 21 centavos de dólar por libra a entre 15 y 16 centavos, con un impacto estimado en 8.000 millones de pesos. Además, la empresa reportó una caída en los niveles de sacarosa frente a datos históricos, lo que generó un impacto adicional superior a 20.000 millones de pesos. El documento también incluye el aumento del salario mínimo de 2026 dentro de las afectaciones económicas que presionaron la estructura de costos. En conjunto, estos factores configuraron un escenario de menores ingresos, mayores restricciones de liquidez y dificultades para sostener la operación.
Ingenio La Cabaña S.A. es una sociedad colombiana constituida el 15 de diciembre de 1978. Su objeto social principal está relacionado con la actividad agroindustrial de derivados de la caña de azúcar y cuenta con una planta de refino ubicada en Guachené. La empresa señala que su influencia alcanza municipios como Caloto, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Buenos Aires, Suárez, Villa Rica, Corinto y Miranda. Ahora, con la reorganización prácticamente cerrada, la liquidación aparece como el camino solicitado para proteger activos y ordenar un proceso que continúa generando efectos económicos, productivos y laborales.
