El Gobierno nacional publicó un proyecto de decreto que ordenaría trasladar más de $25 billones desde las cuentas de ahorro individual administradas por los fondos privados hacia Colpensiones, lo que generó preocupación en el gremio Asofondos, que alertó sobre posibles efectos legales, fiscales y pensionales.
De acuerdo con el gremio, el borrador fue divulgado por el Ministerio de Trabajo y obligaría a las administradoras privadas a girar esos recursos en un plazo de 15 días una vez se expida el decreto. Estos dineros pertenecen a afiliados que decidieron trasladarse de régimen pensional aprovechando la denominada “ventana de oportunidad”, establecida en la reforma pensional aprobada en 2024.
Actualmente, esos recursos —que suman más de $25 billones y corresponden a más de 118.000 afiliados— permanecen en las cuentas individuales administradas por los fondos privados. Según Asofondos, la normativa vigente establece que dichos ahorros deben mantenerse allí hasta que cada persona consolide su derecho a pensión, momento en el que deben ser transferidos a un fondo público de ahorro pensional administrado por el Banco de la República.
El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, afirmó que el proyecto de decreto implicaría un cambio sustancial en el manejo de estos recursos. Según explicó, la iniciativa “busca que las AFP giren a Colpensiones más de $25 billones de pesos, para usarlos de manera contraria a lo que ordena la Ley, lo cual implica que se liberarían recursos del presupuesto general de la nación por un monto equivalente”.
El debate se centra en el artículo 76 de la reforma pensional, que creó la oportunidad de traslado para personas cercanas a la edad de retiro o que ya la cumplieron, siempre que cumplieran requisitos mínimos de semanas cotizadas. Asofondos recordó que este artículo se mantiene vigente, incluso después de que la Corte Constitucional suspendiera parcialmente la implementación de la reforma pensional.
El proyecto de decreto aún no ha sido expedido oficialmente y se encuentra en fase de comentarios. La organización hizo un llamado al Gobierno y a las autoridades competentes para revisar la iniciativa y evaluar sus posibles consecuencias.
