La ley colombiana contempla tres pasos principales para que los deudores puedan negociar sus obligaciones financieras y evitar el embargo de bienes o el reporte en centrales de riesgo. Estas opciones están diseñadas para brindar alternativas a quienes enfrentan dificultades para pagar.
El primer paso consiste en contactar directamente al acreedor, ya sea una entidad bancaria, cooperativa o persona natural, para proponer un acuerdo de pago. La ley permite reestructurar la deuda mediante plazos más largos, tasas de interés reducidas o quitas parciales del capital.
Si no se llega a un acuerdo directo, el segundo paso es acudir a un centro de conciliación o a la Superintendencia de Sociedades (para deudas empresariales). Allí un conciliador neutral ayuda a las partes a encontrar una solución voluntaria, que puede incluir descuentos o plazos especiales.
Como tercera opción, el deudor puede solicitar un proceso de insolvencia económica ante la Superintendencia de Sociedades o la Cámara de Comercio, según el monto de la deuda. Este proceso, conocido como 'Ley de Insolvencia para Personas Naturales', permite reestructurar todas las deudas bajo la protección del juez, deteniendo los cobros judiciales y embargos.
Es importante que los morosos actúen con rapidez, ya que la ley favorece a quienes demuestran buena fe y voluntad de pago. Asesorarse con un abogado especializado puede marcar la diferencia en el resultado de la negociación.
