El Consejo de Estado admitió una demanda que busca tumbar el decreto del gobierno del presidente Gustavo Petro que ordena el traslado de 25 billones de pesos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a Colpensiones. La decisión fue tomada por la Sección Primera del alto tribunal, que estudiará la legalidad de la medida.
La demanda fue presentada por ciudadanos y organizaciones que consideran que el decreto vulnera derechos adquiridos de los afiliados a las AFP. Los demandantes argumentan que el traslado masivo de recursos afecta la sostenibilidad del sistema pensional y desconoce la libre elección de los trabajadores.
El gobierno Petro defendió la medida como parte de una reforma pensional que busca fortalecer el sistema público de pensiones. Sin embargo, los opositores señalan que la decisión fue tomada sin el suficiente debate y sin las garantías legales necesarias.
El Consejo de Estado deberá ahora analizar los argumentos de ambas partes y determinar si el decreto se ajusta a la Constitución y a las leyes colombianas. Se espera que el proceso judicial pueda extenderse por varios meses.
