Bloqueo comunitario en Cabuyaro paraliza operaciones petroleras y amenaza regalías públicas
La empresa petrolera ONGC Videsh Limited, operadora del Bloque CPO-5 y del área de producción Gangotri en el municipio de Cabuyaro, Meta, ha denunciado que el bloqueo comunitario a sus actividades de producción y exploración de hidrocarburos, iniciado el pasado 15 de febrero, ha generado un impacto económico estimado en 8.000 millones de pesos para el Estado colombiano.
Impacto económico y social de la protesta
La imposibilidad de realizar actividades de producción afecta directamente los ingresos por concepto de regalías para la Nación, el departamento del Meta y el municipio de Cabuyaro, así como otros derechos económicos derivados de la actividad petrolera. La compañía advierte que esta situación compromete la continuidad del proyecto energético y pone en riesgo aproximadamente 200 empleos vinculados a contratistas.
Adicionalmente, la empresa señala que el bloqueo representa un riesgo ambiental significativo en el territorio, ya que no hay control adecuado de las operaciones en el sitio durante la paralización.
Reclamos de la comunidad y empresas locales
Salomón Pérez, uno de los líderes de la protesta, explicó que están bloqueando tres puntos específicos: Flamengo 2, Índico 3 e Índico 4. La principal queja de la comunidad radica en que la empresa petrolera está contratando personal de otras regiones del país para servicios de alimentación y bebidas en los casinos, así como para oficios técnicos como soldadura, sin considerar a los empresarios y mano de obra local.
Cinco empresas locales de Cabuyaro han solicitado la reapertura del proceso para la prestación del servicio de casino. Diana Santos y Luz Mila Montañez, representantes de dos de estas empresas, manifestaron a medios que "contrataron a una empresa de Casanare que no cumple los requisitos y, de forma inexplicable, no les permiten la participación a las empresas de Cabuyaro que ofrecen servicios de alimentos y bebidas".
Posiciones enfrentadas y proceso de evaluación
Desde la empresa petrolera, se argumenta que las personas que adelantan estas acciones exigen la incorporación de servicios que no son requeridos para la operación petrolera, como el de un equipo tipo manlift (máquina para elevar personas y materiales a alturas elevadas).
La compañía también señaló que algunas de las empresas aspirantes a trabajar en los casinos ya fueron evaluadas dentro del proceso adelantado por la empresa de taladro Tuscany para la campaña de perforación de ONGC Videsh Limited durante 2026, la cual inicia con el pozo exploratorio Cante Flamenco-3, y no acreditan los requisitos técnicos indispensables para este tipo de proyectos.
Respuesta institucional y medidas adoptadas
Frente a la magnitud de las pérdidas generadas, la compañía determinó este martes que iniciará el proceso de declaración de fuerza mayor para los contratistas impactados en las distintas locaciones, con el objetivo de mitigar los efectos derivados de esta situación.
Mientras tanto, Salomón Pérez aseguró que "la petrolera quiere que levantemos la protesta sin llegar a ningún acuerdo, pero nosotros les hemos dicho que nos quedamos aquí hasta que se suscriban acuerdos en las mesas de concertación".
Falta de coordinación institucional
La secretaria de Gobierno del Meta, Andrea Lizcano, reveló que estuvo acompañando unos Puestos de Mando Unificados el fin de semana, pero la Alcaldía de Cabuyaro solicitó la presencia del personero municipal. Hasta este martes, la Secretaría de Gobierno no había sido informada sobre si este funcionario ya había llegado al municipio, ya que el viernes se encontraba en Bogotá en una capacitación de la Procuraduría.
Lizcano enfatizó que hace falta la presencia del personero para que el alcalde pueda tomar una decisión de fondo sobre la protesta, lo que evidencia dificultades en la coordinación institucional para resolver el conflicto.
Disposición al diálogo y búsqueda de soluciones
La empresa ONGC Videsh Limited ha reiterado su disposición permanente al diálogo y ha solicitado el acompañamiento de las autoridades municipales, departamentales, nacionales y de la Policía Nacional, con el propósito de lograr una solución institucional que permita restablecer las actividades en el marco de la legalidad, sin vías de hecho.
Las empresas locales protestantes, por su parte, sostienen que no entienden por qué razón el alcalde de Cabuyaro tampoco contribuye a dar una solución a sus peticiones, aumentando la frustración en la comunidad.
