CAS transfiere responsabilidad de proyecto minero en La Paz a la Agencia Nacional de Minería
La Corporación Autónoma de Santander (CAS) ha decidido transferir la responsabilidad sobre el controvertido proyecto de explotación de carbón en el municipio de La Paz a la Agencia Nacional de Minería (ANM). Esta determinación se produce en medio de una prolongada protesta comunitaria que ya supera los cuatro meses, donde los habitantes exigen la anulación tanto de la licencia ambiental como del título minero identificado como C-101.
Levantamiento de la suspensión municipal
Según declaraciones de Andrés Ardila, profesional de la autoridad ambiental, la CAS ha emitido un acto administrativo mediante el cual "levanta la medida de suspensión impuesta por el municipio al título minero". Esta decisión fue tomada después de exhaustivos procesos de revisión documental y múltiples mesas de trabajo realizadas en las últimas semanas.
Ardila explicó que, no obstante este levantamiento, la corporación ambiental ha establecido condiciones estrictas para cualquier actividad futura dentro del proyecto minero. "La entidad condiciona cualquier actividad, continuidad u obra dentro del título minero a que la ANM brinde soluciones de fondo a las solicitudes presentadas por las comunidades y la propia CAS", afirmó el profesional.
Contexto del conflicto minero
La respuesta institucional llega exactamente dos semanas después de que representantes de La Paz realizaran un plantón ante las oficinas de la Agencia Nacional de Minería. Durante esta manifestación, los líderes comunitarios lograron ser escuchados y obtuvieron el compromiso de una revisión integral de todo el proceso minero, incluyendo la petición de archivo definitivo del título minero.
El proyecto de explotación de carbón, que cuenta con título minero aprobado desde 2005 y licencia ambiental otorgada en 2014, abarca una extensión superior a las 600 hectáreas en territorio santandereano. Las comunidades afectadas han manifestado reiteradamente su preocupación por las posibles consecuencias ambientales, argumentando que la actividad minera "generaría una gran afectación de los ecosistemas y fuentes hídricas de la provincia veleña".
Protestas sostenidas y demandas comunitarias
Los habitantes de La Paz mantienen una resistencia activa desde hace más de tres meses, aunque algunas fuentes indican que las movilizaciones ya superan los cuatro meses. Sus principales exigencias incluyen:
- Anulación definitiva de la licencia ambiental del proyecto minero
- Cancelación permanente del título minero C-101
- Protección efectiva de los ecosistemas locales y fuentes de agua
- Participación real en las decisiones que afectan su territorio
La decisión de la CAS marca un punto de inflexión en este conflicto socioambiental, al trasladar la responsabilidad principal a la ANM, que ahora deberá responder a las demandas comunitarias y garantizar que cualquier avance del proyecto cumpla con todos los requisitos ambientales y sociales establecidos por la ley.
