Liquidación de minera desencadena crisis múltiple en región esmeraldera de Boyacá
La decisión de liquidar Coscuez S.A., filial de la multinacional Fura Gems, ha generado una profunda preocupación en el occidente de Boyacá, donde la empresa explotaba esmeraldas desde 2017. Mientras la compañía alega falta de garantías para continuar operando, autoridades y comunidades locales sostienen que la multinacional "está quebrada" y ha incumplido múltiples responsabilidades.
Deudas millonarias y abandono de trabajadores
Según fuentes del gobierno departamental, Coscuez S.A. acumula deudas que podrían superar los 12.000 millones de pesos, incluyendo salarios atrasados de hasta cinco meses para sus empleados y obligaciones con proveedores. El alcalde de San Pablo de Borbur, Carlos Alberto Castellanos, confirmó que la empresa tenía aproximadamente 700 trabajadores, aunque en sus últimos meses solo mantenía unos 120 empleados.
"Nosotros tenemos una mesa instalada con diferentes instancias del Gobierno nacional en la que se ha hablado de los pagos a empleados y a acreedores", explicó el burgomaestre, quien añadió que la situación se complica por las millonarias deudas pendientes.
Abandono irresponsable de instalaciones y seguridad
Desde septiembre pasado, cuando la empresa solicitó una pausa de seis meses para reorganizarse, la situación en la zona se ha deteriorado gravemente. Fuentes locales denuncian que Coscuez S.A. abandonó completamente las instalaciones, incluyendo el campamento minero La Paz y la bocamina de Pavimentados, que resultaron vandalizados.
Lo más grave, según testimonios recogidos por este medio, fue el abandono de 16.5 toneladas de explosivos utilizados para las operaciones de extracción. "¿Qué tal que algún delincuente o grupo al margen de la ley hubiera encontrado eso ahí botado?", cuestionó una fuente enterada de la situación.
Crisis de seguridad y aumento de la delincuencia
Con la salida de la empresa, la seguridad en la zona se ha visto seriamente comprometida. Rafael Peñaranda, vocero de mineros artesanales, detalló que "además de los guaqueros, llegaron personas inescrupulosas de otros lugares, adelantaron acciones vandálicas como robarse hasta las tejas y los cables de la luz".
La situación alcanzó niveles críticos el 12 de diciembre pasado en una mina de Maripí, donde 41 hombres armados con fusiles y explosivos ingresaron violentamente a una empresa, manteniendo secuestrados a 71 trabajadores durante varias horas mientras intentaban robar esmeraldas.
Relación deteriorada y acusaciones mutuas
La relación entre la multinacional y las autoridades locales se había venido deteriorando en los últimos meses. Un funcionario del gobierno departamental, que pidió no ser identificado, aseguró que "de un momento a otro salieron y se fueron y nos dejaron plantados como gobierno departamental".
El mismo funcionario criticó que la empresa nunca envió directivos con poder de decisión para enfrentar los problemas, sino delegados que ni siquiera cumplían los acuerdos básicos establecidos. "Ellos tenían unas responsabilidades con el título, que incumplieron y el problema se les fue saliendo de control", afirmó.
Futuro incierto para la minería en la región
La Agencia Nacional de Minería (ANM) ahora debe decidir qué hacer con el título minero que tenía Coscuez S.A. Existe la posibilidad de que se inicien procesos de formalización con mineros tradicionales de la región, para lo cual la Agencia ya adelantó jornadas de identificación.
Mientras tanto, la comunidad espera respuestas sobre cómo se resolverán las deudas con trabajadores y proveedores, y cómo se restablecerá la seguridad en una zona que históricamente ha dependido de la extracción de esmeraldas, actividad con más de 400 años de tradición en el occidente boyacense.
La salida de Coscuez S.A. no solo deja un vacío económico y laboral, sino que plantea serios desafíos de orden público que requieren atención inmediata de las autoridades nacionales y departamentales para evitar que la situación se siga deteriorando.
