Mafias venezolanas y crimen organizado: un obstáculo monumental para el control estadounidense de recursos
La hija de "Carmen" trabajó en la denominada "cocina" dentro de una de las minas del estado Bolívar, ubicado al sur de Venezuela. Aunque reside en Caracas, periódicamente se desplaza hacia las zonas mineras para laborar junto a los extractores, retornando posteriormente a la capital con modestas ganancias económicas.
Superficialmente, podría parecer un empleo convencional en medio de la selva, pero, entre susurros y precauciones, "Carmen" (quien solicita mantener su identidad en reserva) revela que dicha "cocina" no se limita a la preparación de alimentos para los hombres que extraen el oro venezolano. En realidad, engloba múltiples labores, incluyendo en ciertos casos la prestación de servicios sexuales, sin mencionar la constante exposición a enfermedades endémicas como el paludismo.
La selva bajo dominio criminal
La vasta selva del sur de Venezuela no solo está dominada por la práctica de la minería ilegal, sino que se encuentra bajo el férreo control del crimen organizado. Esta alarmante situación ha sido denunciada repetidamente durante años por diversas organizaciones ambientales y de derechos humanos, quienes advierten sobre la gravedad del problema.
El tema ha adquirido renovada relevancia tras la emisión, el pasado 6 de marzo, de la Licencia General No. 51 (GL 51) por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Esta decisión autoriza a entidades estadounidenses a participar en la compra, importación y refinación de oro de origen venezolano.
"Efectivamente, da luz verde para continuar el saqueo de la Amazonía venezolana y el tráfico de oro de sangre", afirma la organización SOSOrinoco, entidad dedicada a documentar y visibilizar la problemática integral de la Amazonia, Orinoquia y la Guayana venezolana.
El plan del régimen y las advertencias de las ONG
Según SOSOrinoco, el régimen actual, liderado por Delcy Rodríguez, está ejecutando precisamente el plan que la misma organización había denunciado con anterioridad: "utilizar el levantamiento de sanciones para asociarse con empresas internacionales y explotar minas que permanecen bajo el control de sindicatos criminales y autoridades civiles y militares corruptos".
Ya en 2023, la ONG Transparencia Venezuela había alertado que el negocio del oro se había convertido en un mecanismo clave para la captación de rentas por parte del gobierno venezolano, especialmente ante la caída en la producción petrolera y la lenta recuperación de sus precios internacionales.
"El grupo en el poder encontró en la explotación a cualquier costo y el comercio de minerales, especialmente del oro, una fuente de ingresos extremadamente beneficiosa", señalaba el informe de la organización.
De la subsistencia al crimen organizado
Lo que inicialmente surgió como minería ilegal de subsistencia ha evolucionado hacia una compleja estructura de crimen organizado que actualmente representa un significativo desafío de seguridad para los intereses de Estados Unidos. Este país ha enviado funcionarios no solo para establecer alianzas en el ámbito petrolero, sino también en el sector minero.
De hecho, el Secretario del Interior estadounidense, Doug Burgum, visitó Caracas hace algunas semanas. Tras su encuentro con Delcy Rodríguez, el gobierno venezolano procedió a reformar la ley de Minas, ajustando el marco regulatorio del sector.
La licencia GL 51 exige que las entidades estadounidenses proporcionen "planes de debida diligencia de la cadena de suministro", según destaca SOSOrinoco. Sin embargo, esta organización ha documentado exhaustivamente que no existe forma viable de supervisar lo que ocurre dentro de Minerven CA o en las Áreas Protegidas remotas del sur de Venezuela, donde toda actividad minera está expresamente prohibida por ley.
Ecocidio y daños irreversibles
Las alertas también se extienden hacia el ecocidio que está ocurriendo en la región. El oro que actualmente se canaliza a través de Minerven se extrae utilizando mercurio ilegal, sustancia que causa daños ambientales irreversibles a la Amazonía venezolana, afectando ecosistemas únicos y biodiversidad invaluable.
Por otro lado, aunque la GL 51 dirige los pagos monetarios hacia los "Fondos de Depósito del Gobierno Extranjero", este mecanismo no implementa medidas efectivas para detener la destrucción ambiental en su origen, permitiendo que la degradación continúe sin control.
¿Quién ejerce el control real en las minas venezolanas?
El Arco Minero del Orinoco constituye una zona donde convergen diversos actores armados, y el control territorial no es uniforme. La radiografía del poder incluye:
- Sindicatos y "Pranes": Grupos locales que ejercen dominio mediante estructuras criminales organizadas.
- Grupos irregulares colombianos: Organizaciones armadas que han extendido su influencia más allá de las fronteras.
- Estructuras estatales: Autoridades civiles y militares corruptas que facilitan y se benefician de las operaciones ilegales.
Los múltiples desafíos para Estados Unidos
Para Washington, el problema trasciende lo ambiental o los derechos humanos; se ha convertido en una cuestión de seguridad nacional y estabilidad financiera global. Los principales riesgos identificados incluyen:
- Lavado de dinero: El oro "sucio" se mezcla con el mercado legal en países terceros, dificultando enormemente la trazabilidad y permitiendo que el crimen organizado financie operaciones a escala global, según han documentado diversas organizaciones internacionales.
- Influencia de potencias externas: El control de estos recursos estratégicos por parte de mafias locales facilita el intercambio de minerales críticos (como coltán y torio) con actores como Rusia, China e Irán, operando fuera del sistema financiero SWIFT y eludiendo controles internacionales.
- Violencia y control social: El caso de la hija de "Carmen" ejemplifica el tipo de control coercitivo que se ejerce en estos territorios, donde la violencia se utiliza como herramienta de dominación y explotación sistemática.
La compleja interacción entre crimen organizado, corrupción estatal y explotación de recursos naturales configura un escenario de desafíos múltiples que requiere respuestas coordinadas y efectivas por parte de la comunidad internacional.
