Un intenso debate ha surgido en el departamento de Nariño a raíz de la propuesta del gobernador Luis Alfonso Escobar de crear una empresa minera de economía mixta para la extracción de oro. La iniciativa, denominada Promotora Minera de Nariño (Prominar), busca transformar la minería informal e ilegal en una economía legal, según explicó el mandatario durante su presentación en enero de 2026 ante la Asamblea Departamental.
Objetivos de Prominar
Escobar sostuvo que el proyecto pretende recuperar para Nariño una renta que actualmente se fuga del territorio. Mientras el departamento recibe apenas 3.360 millones de pesos en regalías por 344 kilos de oro reportados, se estima que la producción real oscila entre 10 y 15 toneladas anuales no registradas, lo que representa pérdidas cercanas a los 100.000 millones de pesos cada año. La empresa no solo se dedicaría a la extracción, sino también a la transformación, comercialización legal, diversificación productiva y nuevas líneas como joyería y materiales de construcción.
El gobernador enfatizó que el problema histórico de Nariño no es la minería en sí, sino un modelo institucional que extrae riqueza sin dejar renta, debilita la presencia del Estado y profundiza la pobreza y el conflicto. "La gran pregunta que tenemos hoy es si Nariño continúa promoviendo la ilegalidad o si buscamos soluciones conjuntas para salir de la minería ilegal", planteó.
Críticas y oposición
El diputado departamental Alexánder Rassa se ha mostrado como uno de los críticos más severos. Solicitó al gobierno departamental que entregue las garantías necesarias para debatir el tema y cuestionó la falta de consultas previas con comunidades indígenas y consejos comunitarios, cuyos territorios albergan importantes yacimientos minerales. También advirtió sobre la necesidad de discutir las comisiones de orden público, dado que varios municipios de Nariño están bajo el control de grupos armados ilegales.
El excongresista Guillermo García señaló que el proyecto no ha sido objeto de consulta con comunidades indígenas y afrodescendientes. Además, mencionó que se contemplaban altos ingresos para los dignatarios de la sociedad, superiores a 50 o 60 millones de pesos, mientras que el departamento aportaría los recursos y los privados solo contribuirían con gestiones, conocimiento o innovación. García concluyó que el trámite del proyecto debe suspenderse.
Posición de las autoridades indígenas
Las autoridades indígenas de los pueblos pastos y quillasingas solicitaron a la Asamblea Departamental suspender el trámite de Prominar hasta que se determine si la iniciativa debe someterse a consulta previa. A través de un comunicado firmado por 32 autoridades indígenas, expresaron su preocupación por los posibles impactos en territorios ancestrales, recursos naturales, dinámicas ambientales, el gobierno propio y las formas de vida de las comunidades.
Exigieron al Ministerio del Interior emitir un concepto sobre la posible afectación directa a los pueblos indígenas y pidieron una mesa de diálogo de alto nivel con la Gobernación, la Asamblea y las autoridades indígenas para analizar los impactos ambientales, sociales y culturales. "Las autoridades indígenas de los pueblos pastos y quillasingas manifestamos nuestra profunda preocupación frente a los riesgos y escenarios de vulnerabilidad a los que se exponen los líderes, lideresas y autoridades que ejercen su derecho legítimo a opinar, cuestionar o expresar posiciones frente a asuntos relacionados con actividades extractivas", señala el documento.
Foro convocado por la Gobernación
En respuesta a la controversia, la Gobernación de Nariño convocó al foro 'Prominar, la empresa de todos', como un espacio de diálogo y construcción colectiva sobre el presente y futuro de la minería en la región. No obstante, organizaciones sociales y ambientales han rechazado el proyecto, recordando que integrantes del Pacto Histórico y de la Alianza Verde, que hoy respaldan al gobernador, en 2022 se opusieron a iniciativas similares como Emgeti en Pasto.
Persisten dudas sobre la composición accionaria de Prominar, ya que no hay información pública suficiente sobre los socios privados, sus porcentajes de participación ni los mecanismos de selección e inversión.
Visión ambiental y de género
Tatiana Roa Avendaño, cofundadora de Censat Agua Viva, opinó que la minería y el extractivismo no solo explotan los territorios, sino que también profundizan las violencias contra las mujeres, el acoso sexual, la descomposición social y la pérdida del acceso al agua. "Hemos encontrado que la situación de las mujeres es supremamente complicada en las regiones donde empieza el desarrollo de proyectos extractivos; el microtráfico ha descompuesto mucho la vida de los niños, niñas y adolescentes, pero también hay un deterioro de las fuentes hídricas", afirmó.
