Venezuela impulsa inversión extranjera en sector minero con apoyo estadounidense
El gobierno de Venezuela está implementando nuevas medidas para atraer empresas internacionales a su sector minero, específicamente a los yacimientos de oro, hierro y bauxita. Esta iniciativa cuenta con el respaldo explícito de Washington, pero se enfrenta a desafíos significativos relacionados con la seguridad y la presencia de grupos armados en las regiones mineras.
Desafíos de seguridad en el Arco Minero del Orinoco
Según testimonios de mineros, residentes y activistas comunitarios en el estado de Bolívar, la capacidad de las empresas internacionales para invertir de manera significativa depende de mejoras sustanciales en la seguridad. En la zona operan delincuentes locales junto con rebeldes colombianos del ELN y exmiembros de las FARC, así como organizaciones criminales como el Tren de Guayana y 3R.
"El sistema criminal tiene el control de las minas. Son los que ponen las normas y aplican la ley en muchas de las minas donde trabajamos. Dependiendo de la situación, imponen castigos y pueden ser muy violentos", declaró Inés García, una minera informal de 51 años del municipio de El Callao.
Respaldo político y marco legal
La administración estadounidense ha respaldado las iniciativas de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para atraer inversores desde que asumió el poder en enero. Esto incluye una ley minera aprobada en abril por la Asamblea Nacional que permite a empresas o consorcios extranjeros y privados extraer oro y minerales estratégicos.
Estados Unidos ya ha emitido una licencia que autoriza ciertas transacciones con oro de origen venezolano, incluyendo operaciones con la minera estatal Minerven. "Ustedes tienen garantías, seguridad jurídica, seguridad política, estabilidad y tranquilidad para que sus inversiones puedan desarrollarse plenamente", declaró Delcy Rodríguez a inversionistas mineros en marzo.
Colaboración internacional y escepticismo
La comercializadora suiza de materias primas Trafigura ya está colaborando con Minerven en un programa de abastecimiento responsable anunciado en marzo, afirmando que dicho programa cumple con la licencia otorgada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Sin embargo, persiste el escepticismo entre las comunidades locales. "Para que una inversión real ocurra es obligatorio resolver la transparencia de las cadenas de suministro, la seguridad, porque esta es una zona caliente con presencia de grupos armados", dijo un ingeniero que trabajó para Minerven durante una década y que pidió permanecer en el anonimato por temor.
Preocupaciones sobre derechos humanos y medio ambiente
Un informe de 2022 de una misión de investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU documentó la participación de fuerzas armadas y grupos armados ilegales en asesinatos, desapariciones, explotación laboral, trabajo infantil, trata de personas y destrucción del medio ambiente.
Dieciséis grupos no gubernamentales locales expresaron en una carta abierta que la nueva ley minera proporcionaría "un barniz de legalidad" al "grave deterioro ambiental y la violación de los derechos humanos que se está produciendo".
Impacto en comunidades locales
Activistas y residentes expresan preocupación sobre el impacto que tendría la presencia de mineras extranjeras en las comunidades locales y en el sustento de los mineros artesanales e informales, incluidos los grupos indígenas de la región.
"Hay que ver el término beneficio entre comillas: ¿a quién beneficia? Porque el mismo Estado que negocia, que busca inversiones, se olvida de todos los problemas que hay", afirmó el activista Italo Pizarro.
Un geólogo de Bolívar con más de 40 años de experiencia en el sector señaló que uno de los grandes desafíos será expulsar a las decenas de miles de mineros informales que trabajan en la región, así como a los delincuentes que viven de la extorsión, advirtiendo que "esto no será sencillo".
