La Asociación de Fondos de Pensiones (Asofondos) defendió la decisión del Consejo de Estado de suspender el traslado de los $5 billones restantes a Colpensiones, argumentando que la medida se ajusta al cumplimiento de la Ley Pensional 2381. Según el gremio, esos recursos no estaban destinados a financiar las pensiones actuales del régimen público, sino a respaldar obligaciones futuras bajo la nueva reforma, con administración transitoria de las AFP hasta que se consolide el derecho pensional.
Posición de Asofondos sobre la Ley 2381
De acuerdo con Asofondos, la Ley 2381 estableció que los recursos administrados por las AFP de las personas que se trasladen “seguirán siendo administrados por las AFP hasta el momento en el que se consolide su derecho de atención”. Esta regla, afirma el gremio, fue aprobada por el Congreso y respaldada por el Gobierno, por lo que el dinero debía mantenerse dentro de esa estructura legal.
El gremio explicó que el artículo 24 de la misma ley prevé que las pensiones otorgadas bajo la reforma tendrán, entre sus fuentes, esos recursos. Por eso, insistió en que no se trataba de plata destinada a cubrir obligaciones ordinarias de Colpensiones, sino de recursos asociados al nuevo esquema pensional. “Nunca iba a financiar las pensiones de Colpensiones”, señaló Asofondos.
Asofondos también sostuvo que el Gobierno de Gustavo Petro había expedido dos decretos en los que se mantenía esa estructura. Según el gremio, dichos actos indicaban que estos dineros serían administrados por las AFP y que, si no se agotaba el fondo de ahorro del Banco de la República, continuarían bajo esa administración. “La estructura estaba prevista de esa manera”, afirmó.
Recursos de AFP y fondo de ahorro del Banco de la República
La posición de Asofondos es que, si la reforma pensional hubiera entrado en vigor, el debate actual no existiría. “Hace rato hubiéramos girado esa plata al fondo de ahorros del Banco de la República”, dijo el gremio, argumentando que el destino de esos recursos era alimentar el ahorro previsto para las pensiones futuras de la Ley 2381.
Según Asofondos, el giro hacia Colpensiones cambió el sentido de la estructura definida inicialmente. El gremio afirmó que el Gobierno expidió después un decreto “dando 180° distintos”, al pedir el traslado total del dinero correspondiente a las personas que se habían trasladado de régimen. Frente a ese cambio, sostuvo, el Consejo de Estado suspendió una parte porque la ley ordenaba mantener la administración en las AFP.
El gremio insistió en que Colpensiones cuenta con un esquema propio de financiación para sus obligaciones actuales. De acuerdo con sus cálculos, pagar las pensiones de Colpensiones este año vale $75 billones. De ese monto, las cotizaciones representarían $23 billones; el Gobierno trasladaría $34 billones; y los traslados ordinarios, distintos a los extraordinarios, aportarían cerca de $12 billones.
Aun así, Asofondos advirtió que existe un faltante relevante. Según el gremio, Colpensiones enfrentaría un déficit de $9 billones asociado al aumento del salario mínimo. La razón, explicó, es que más del 80% de las pensiones de Colpensiones corresponden a un salario mínimo, por lo que cualquier incremento en esa base tiene un efecto fiscal directo sobre el pago de las mesadas.
Faltante de Colpensiones y debate fiscal pensional
Asofondos sostuvo que la discusión de fondo no es si las pensiones deben pagarse, sino con qué recursos. “Las pensiones se tienen que honrar y tienen que ser pagadas”, señaló. Sin embargo, advirtió que usar recursos previstos para pensiones futuras de la Ley 2381 en el pago de pensiones actuales de la Ley 100 abre un debate jurídico y fiscal de mayor alcance.
El gremio también rechazó la idea de que las AFP tengan un beneficio por conservar temporalmente esos recursos. Según Asofondos, las administradoras “no cobramos un peso de comisión” y, por el contrario, deben asumir costos de administración, inversión y operación mientras los recursos permanezcan bajo su manejo.
Para Asofondos, el punto esencial es el cumplimiento de la ley. “Gústenos, o no nos guste, tenemos que cumplir la ley”, afirmó. El gremio sostuvo que la decisión del Consejo de Estado va en esa dirección, pues preserva la estructura aprobada por el Congreso y evita mezclar recursos diseñados para financiar pensiones futuras con necesidades inmediatas del régimen público.
El gremio también cuestionó el momento en que el Gobierno modificó su posición. “¿Por qué no lo dijo el día uno? ¿Por qué lo cambia 18 meses después?”, cuestiona Asofondos. A su juicio, el cambio resulta llamativo porque inicialmente la reglamentación no ordenó ese traslado y luego el Ejecutivo intentó ajustar el destino de los recursos mediante decreto.
Según Asofondos, el problema fiscal existe, pero no puede resolverse desconociendo la destinación legal de los recursos. El gremio recordó que la Constitución protege el pago de las pensiones y afirmó que “no hay ministro de Hacienda ni ministro de Trabajo” que pueda dejar de pagarlas.
