Contraloría advierte riesgos en traslado masivo de ahorros pensionales a Colpensiones
La Contraloría General de la República ha emitido una alerta contundente sobre el proyecto de decreto del Ministerio del Trabajo que busca reglamentar el traslado de recursos desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hacia Colpensiones. Este organismo de control coincide plenamente con la postura del Banco de la República, que ya había manifestado sus reparos frente a esta iniciativa.
Implicaciones jurídicas y fiscales de la medida
El análisis preliminar de la Contraloría identifica implicaciones jurídicas, fiscales y operativas que pondrían en duda la viabilidad del traslado. La iniciativa se enmarca en el desarrollo del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, pero el organismo encontró tensiones normativas significativas.
El mismo artículo invocado como sustento establece claramente que "los valores contenidos en las cuentas de ahorro individual [...] seguirán siendo administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones". A partir de esta lectura, la Contraloría advierte que no sería jurídicamente viable ordenar el traslado total de los recursos, especialmente para aquellos afiliados que aún no han consolidado su derecho pensional.
Volumen de recursos y población afectada
La magnitud del traslado propuesto es considerable:
- 119.496 personas ya se han trasladado del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al Régimen de Prima Media
- De estas, 100.989 personas (84,5%) todavía no cumplen con los requisitos para pensionarse
- El volumen de recursos involucrados asciende aproximadamente a 24,7 billones de pesos
- Los aportes anuales de quienes no se han pensionado alcanzarían cerca de 686.642 millones de pesos
En contraste, el costo estimado de las mesadas pensionales de quienes ya accedieron a su pensión mediante el traslado sería de 443.684 millones de pesos. Este balance entre ingresos y obligaciones es clave en el análisis fiscal, pues evidencia la presión que podría generarse sobre las finanzas públicas.
Obstáculos normativos y operativos
Incluso para los 18.507 afiliados que ya consolidaron su derecho pensional, la Contraloría identifica barreras significativas. Según el Decreto 1225 de 2024, los valores contenidos en las cuentas de ahorro individual continuarán siendo administrados por las AFP mientras no entre en operación el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo.
Este elemento resulta determinante, ya que actualmente no existe un mecanismo institucional que permita recibir dichos recursos en Colpensiones. En consecuencia, la propuesta del Ministerio del Trabajo enfrentaría no solo barreras jurídicas, sino también dificultades prácticas para su implementación.
Contexto jurídico y riesgos fiscales
La situación se complica aún más por el contexto jurídico actual. La Ley 2381 de 2024 está suspendida y bajo revisión de la Corte Constitucional. Aunque el Decreto 1225 sigue vigente como reglamentación, cualquier decisión de fondo dependerá del fallo del alto tribunal.
La Contraloría pone especial énfasis en los riesgos fiscales asociados a un eventual traslado masivo de recursos. Advierte que esta medida podría convertir ahorro pensional en gasto corriente, lo que implicaría utilizar recursos de largo plazo para cubrir obligaciones inmediatas, afectando la sostenibilidad del sistema en el tiempo.
- Podría derivar en un incremento del pasivo pensional del Estado
- Reduciría el ahorro disponible para financiar futuras obligaciones
- Priorizaría un alivio fiscal de corto plazo
- Trasladaría cargas significativas a las generaciones venideras
Conclusión del organismo de control
La Contraloría concluye que la implementación del proyecto de decreto resulta inviable bajo la normativa vigente, tanto por lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 2381 como por las condiciones establecidas en el Decreto 1225 de 2024. No obstante, deja abierta la posibilidad de que este escenario cambie dependiendo de la decisión que adopte la Corte Constitucional sobre la reforma pensional.
El documento deja en evidencia una advertencia clara del ente de control sobre los riesgos de modificar el destino de los ahorros pensionales sin un soporte jurídico sólido ni una arquitectura institucional plenamente operativa, en un debate que sigue marcando la agenda económica y social del país.
