Contraloría advierte riesgos en traslado masivo de ahorros pensionales a Colpensiones
La Contraloría General de la República ha emitido una alerta contundente sobre el proyecto de decreto del Ministerio del Trabajo que busca reglamentar el traslado de recursos desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hacia Colpensiones. El organismo de control coincide plenamente con la postura expresada anteriormente por el Banco de la República, que ya había manifestado sus reparos frente a esta iniciativa.
Implicaciones jurídicas y normativas
El análisis preliminar de la Contraloría identifica tensiones normativas significativas que pondrían en duda la viabilidad de la medida. El proyecto pretende ordenar el traslado de recursos de quienes ejercieron el cambio desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al Régimen de Prima Media, pero el organismo encontró que el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 establece claramente que "los valores contenidos en las cuentas de ahorro individual seguirán siendo administrados por las AFP".
Esta disposición legal genera un obstáculo fundamental para el traslado total de recursos, especialmente para aquellos 100.989 afiliados de los 119.496 trasladados que aún no cumplen con los requisitos para pensionarse. Según la Contraloría, sus ahorros deberían permanecer bajo la administración de las AFP hasta que consoliden su derecho pensional.
Volumen de recursos y preocupaciones fiscales
La magnitud financiera involucrada es considerable:
- 24,7 billones de pesos en recursos totales afectados
- 686.642 millones de pesos anuales en aportes de quienes no se han pensionado
- 443.684 millones de pesos en costo estimado de mesadas pensionales para quienes ya accedieron a su pensión
La Contraloría advierte que este balance entre ingresos y obligaciones evidencia la presión potencial sobre las finanzas públicas si se modifican las condiciones actuales de administración. El organismo señala específicamente que la medida podría convertir ahorro pensional en gasto corriente, utilizando recursos de largo plazo para cubrir obligaciones inmediatas y afectando la sostenibilidad del sistema.
Obstáculos operativos y contexto constitucional
Incluso para los 18.507 afiliados que ya consolidaron su derecho pensional, la Contraloría identifica dificultades prácticas significativas. Según el Decreto 1225 de 2024, los valores en cuentas de ahorro individual continuarán siendo administrados por las AFP mientras no entre en operación el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo.
Actualmente, no existe un mecanismo institucional que permita recibir dichos recursos en Colpensiones, lo que añade una barrera operativa a las ya existentes barreras jurídicas. Este escenario se complica aún más por el contexto constitucional, dado que la Ley 2381 de 2024 está suspendida y bajo revisión de la Corte Constitucional.
Riesgos estructurales y conclusiones
La Contraloría pone especial énfasis en los riesgos fiscales de largo plazo asociados al traslado masivo. El organismo advierte que este escenario podría derivar en un incremento del pasivo pensional del Estado mientras reduce el ahorro disponible para financiar futuras obligaciones.
Según el análisis, se trataría de un cambio estructural que prioriza un alivio fiscal de corto plazo pero que podría trasladar cargas significativas a las generaciones venideras. La Contraloría concluye que la implementación del proyecto de decreto resulta inviable bajo la normativa vigente, aunque deja abierta la posibilidad de cambios dependiendo de la decisión que adopte la Corte Constitucional sobre la reforma pensional.
El documento conocido por Portafolio representa una advertencia clara sobre los riesgos de modificar el destino de los ahorros pensionales sin un soporte jurídico sólido ni una arquitectura institucional plenamente operativa, en un debate que continúa marcando la agenda económica y social del país.
