Corte Suprema establece jurisprudencia clave sobre pensiones para hijos con discapacidad
La Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió un fallo histórico que ordena el reconocimiento y pago de pensiones de sobrevivientes a favor de hijos en condición de invalidez que dependían económicamente de sus padres fallecidos. Esta decisión judicial reitera y clarifica los requisitos establecidos en la legislación colombiana para que los descendientes accedan a las mesadas tras el deceso de sus progenitores.
Un caso conmovedor que llegó hasta el máximo tribunal
El pronunciamiento judicial se originó tras el fallecimiento en 2015 de una mujer jubilada que sostenía económicamente a su hijo, diagnosticado con una severa condición mental y física. El hombre había sido calificado con una pérdida de capacidad laboral del 71%, lo que le impedía completamente trabajar o estudiar.
Según la magistrada Marjorie Zúñiga Romero, de la Sala de Casación Laboral, era la madre quien asumía integralmente su manutención, cuidado diario y numerosos gastos médicos que no cubría su EPS. La mujer falleció mientras su hijo permanecía internado en un centro psiquiátrico, situación que complicó aún más su ya delicado estado.
Posteriormente, el padre reclamó la pensión desplazando al joven como beneficiario, a pesar de que, según el testimonio del afectado, no le brindaba apoyo económico alguno. El padre falleció años después, en 2021, dejando al hombre en una situación de total desamparo económico.
La lucha legal por el reconocimiento de derechos
Tras quedar sin sustento alguno, el hombre comenzó a vender dulces en buses mientras adelantaba gestiones ante Colpensiones para que se le reconociera la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su madre. Sin embargo, la entidad negó inicialmente la solicitud argumentando que no se había demostrado suficientemente la dependencia económica.
En primera y segunda instancia, los jueces le dieron la razón al demandante y ordenaron a Colpensiones pagar la mesada junto con el retroactivo correspondiente a los años no reconocidos. Ante esta situación, el fondo de pensiones interpuso un recurso de casación ante la Corte Suprema, llevando el caso al máximo tribunal del país.
Los criterios jurisprudenciales establecidos por la Corte
En la sentencia SL2184-2025, el alto tribunal precisó que los hijos en condición de invalidez tienen derecho a la pensión de sobrevivientes siempre que, al momento del fallecimiento del progenitor, se acrediten dos condiciones fundamentales:
- La dependencia económica, que no tiene que ser total ni absoluta
- El estado de invalidez vigente para esa fecha específica
La Corte explicó detalladamente que existe dependencia económica cuando una persona no puede procurarse por sí misma los ingresos necesarios para subsistir y estos le son suministrados por otra. Además, subrayó un aspecto crucial: la dependencia económica no es sinónimo de convivencia.
En este caso concreto, se comprobó que la invalidez del hijo era anterior al fallecimiento de su madre y que ella asumía completamente su sostenimiento, aunque no vivieran juntos de manera permanente debido a la internación del joven en el centro psiquiátrico.
Implicaciones del fallo y marco legal aplicable
Por estas razones, la Corte Suprema dejó en firme la orden de pagar la pensión, junto con el retroactivo y los intereses moratorios correspondientes, estableciendo un precedente importante para casos similares en todo el territorio nacional.
De acuerdo con la Ley 100 de 1993, la pensión de sobrevivientes puede reconocerse a:
- Hijos menores de 18 años
- Hijos mayores de 18 y hasta 25 años que estén incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y que dependieran económicamente del causante al momento de su muerte, siempre que acrediten su condición de estudiantes
- Hijos en condición de invalidez que dependieran económicamente del fallecido y no cuenten con ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez
La normativa establece claramente que una persona es considerada inválida cuando ha perdido el 50% o más de su capacidad laboral, criterio que se aplicó plenamente en este caso donde la discapacidad superaba ampliamente ese porcentaje mínimo.
Este fallo representa un avance significativo en la protección de los derechos de las personas con discapacidad en Colombia, especialmente en lo relacionado con su seguridad económica tras el fallecimiento de quienes los sostenían.
