Alarma en el sector privado de pensiones por decreto gubernamental
Un borrador de decreto elaborado por el Ministerio de Trabajo ha generado profunda preocupación en la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos), que representa a las entidades privadas del sistema. El documento, según el gremio, busca transferir más de 25 billones de pesos desde las cuentas individuales de los trabajadores hacia Colpensiones, el fondo público administrado por el Estado.
El conflicto con la ley establecida
Aunque la reforma pensional aprobada mediante la Ley 2381 de 2024 se encuentra actualmente suspendida y en espera del pronunciamiento definitivo de la Corte Constitucional, Asofondos argumenta que este proyecto de decreto iría en contravía directa de lo establecido en la legislación. El punto central de la disputa radica en el destino final de los recursos acumulados por más de 118.000 afiliados que optaron por la ventana de oportunidad de traslado contemplada en el artículo 76 de dicha ley.
Según el gremio, la normativa vigente establece claramente que "los valores contenidos en las cuentas de ahorro individual de las personas que hagan uso de este mecanismo seguirán siendo administradas por las Administradoras de Fondos de Pensiones hasta el momento en que se consolide la pensión". Esto incluye a las cuatro principales AFP del país: Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia.
El riesgo para la sostenibilidad del sistema
Andrés Velasco, presidente de Asofondos, ha sido enfático en señalar que "dicho decreto busca que las AFP giren a Colpensiones más de 25 billones de pesos, para usarlos de manera contraria a lo que ordena la Ley". Esta maniobra, según su análisis, implicaría una liberación equivalente de recursos del presupuesto general de la nación y afectaría directamente el ahorro pensional que se pretendía preservar con la reforma.
La asociación advierte sobre un riesgo fundamental: en lugar de que estos recursos sean destinados al Fondo Público Pensional administrado por el Banco de la República (como establece la Ley 2381 para garantizar el pago futuro de pensiones), terminarían en el Fondo de ahorro del pilar contributivo que respalda las pensiones públicas a largo plazo. Este cambio de destino, según Asofondos, agravaría la sostenibilidad futura tanto de la reforma como de las finanzas públicas del país.
Plazos y consecuencias inmediatas
El proyecto de decreto establece que las AFP tendrían que realizar el giro de los recursos a Colpensiones en un plazo de 15 días hábiles después de su expedición oficial. Esto representaría una transferencia masiva e inmediata de fondos que actualmente superan los 25 billones de pesos, acumulados durante años por los trabajadores que decidieron aprovechar la ventana de oportunidad.
Asofondos ha hecho un llamado público para que se revise exhaustivamente este proyecto, considerándolo "inconveniente" y cuestionando su alcance real, dado que buscaría modificar lo establecido en una ley de la República. La asociación insiste en que los recursos deben permanecer en los fondos privados hasta que se consolide la pensión de cada afiliado, momento en el cual deberían transferirse al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo según lo establece el Artículo 24 de la Ley 2381.
La polémica se enmarca en un contexto de incertidumbre jurídica, donde la reforma pensional completa sigue pendiente del fallo constitucional, mientras el gobierno avanza en medidas administrativas que, según los actores privados del sistema, podrían alterar sustancialmente el equilibrio financiero del régimen de pensiones colombiano.
