El candidato presidencial Abelardo De La Espriella presentó una demanda contra el Decreto 0415 de 2026, con la que busca frenar el traslado de $25 billones a Colpensiones, una medida impulsada por el Gobierno Nacional que ha desatado un fuerte debate sobre el futuro de los fondos privados de pensiones en Colombia.
Detalles de la acción judicial
La acción judicial, radicada bajo el número 23758, corresponde a una nulidad simple con solicitud de suspensión provisional, con la que el candidato pretende detener de manera inmediata la aplicación del decreto expedido por los ministerios de Hacienda y Trabajo. Según explicó, el Ejecutivo estaría intentando ordenar en menos de 30 días el traslado del 100% de los recursos y rendimientos de millones de afiliados hacia Colpensiones.
Argumentos de la demanda
De La Espriella calificó esta iniciativa como un “zarpazo ilegal” contra el ahorro de los trabajadores. “El Gobierno pretende apropiarse del ahorro de los colombianos trasladándolos masivamente a Colpensiones, violando incluso la ley que ellos mismos impulsaron”, aseguró. En la misma línea, lanzó una crítica directa: “No permitiremos que usen la plata de los trabajadores para su festín de corrupción y politiquería”.
El eje central de la demanda apunta a una presunta contradicción entre el decreto y la Ley 2381 de 2024, conocida como la Reforma Pensional. De acuerdo con el documento, el parágrafo del artículo 76 establece que los recursos deben permanecer en las cuentas individuales administradas por las AFP hasta que el afiliado cumpla los requisitos para pensionarse. Solo en ese momento, los fondos podrían ser trasladados al sistema público.
“El decreto pretende modificar una ley mediante un acto administrativo, lo que constituye una extralimitación de la potestad reglamentaria”, sostiene la demanda. Este argumento se fundamenta en el principio de jerarquía normativa, que impide que un decreto altere disposiciones legales de rango superior.
Vulneración constitucional
Adicionalmente, el recurso jurídico advierte que la medida podría vulnerar el artículo 48 de la Constitución, el cual establece que los recursos de la seguridad social tienen una destinación específica. “Se estaría permitiendo una manipulación indebida de recursos que pertenecen exclusivamente al sistema pensional”, se lee en el documento.
Otro de los puntos cuestionados es la motivación del decreto. Según la demanda, el Gobierno habría sustentado la medida en argumentos fiscales y de sostenibilidad que no coinciden con el diseño original de la reforma. “Se invoca la sostenibilidad financiera para justificar una decisión que altera la arquitectura del sistema pensional”, señala.
Medidas cautelares solicitadas
Como medida cautelar, De La Espriella solicitó la suspensión inmediata del decreto, al considerar que su ejecución podría generar efectos irreversibles sobre los ahorros de millones de colombianos. Asimismo, pidió que, en caso de que ya se hayan realizado traslados de recursos, se adopten acciones para revertirlos y restablecer el orden jurídico.
El candidato insistió en que esta acción busca proteger los derechos de los afiliados y garantizar el respeto por el marco legal vigente. “Nuestro objetivo es evitar decisiones que pongan en riesgo la estabilidad del sistema pensional y los ahorros de los colombianos”, concluyó.
El proceso ahora queda en manos de la justicia, que deberá determinar la legalidad del decreto y definir si procede su suspensión mientras se resuelve de fondo esta controversia que impacta directamente el futuro de las pensiones en Colombia.
