Luego de que el Gobierno nacional ordenara a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) el traslado de recursos desde los fondos privados hacia Colpensiones para los afiliados que cambiaron de régimen bajo la ventana de oportunidad de la Ley 2381 de 2024, la candidata presidencial Paloma Valencia radicó una demanda ante el Consejo de Estado para tumbar el recién expedido Decreto 415 de 2026.
Valencia califica la medida como un robo
A través de una publicación en X, antes Twitter, Valencia expresó: “La Reforma Pensional dispuso que los Fondos de Pensiones deben seguir administrando esos recursos hasta que cada persona cumpla los requisitos para jubilarse. En ningún momento el Congreso contempló un giro automático de recursos a Colpensiones”. Y agregó: “Esto es un robo descarado al ahorro de los colombianos. Quieren tomar $25 billones en plenas elecciones”.
Detalles de la demanda
En la demanda, presentada ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, la candidata del Centro Democrático pidió dos cosas concretas: primero, que el tribunal suspenda el decreto con urgencia mientras decide el caso, y segundo, que lo declare nulo, es decir, sin efecto legal. Paloma Valencia no fue la única que cuestionó la medida. Asofondos, que agrupa a los cuatro fondos privados (Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia), también anunció acciones ante el Consejo de Estado.
Su presidente, Andrés Velasco, sostuvo que el decreto “contradice una ley que hoy está vigente porque la Corte Constitucional no la suspendió” y advirtió que los fondos analizan cómo proteger el ahorro de sus afiliados.
¿Qué implica el traslado de $25 billones a Colpensiones?
Para entenderlo con un ejemplo: imagínese que usted trabajó 20 años y ahorró plata en una cuenta privada para su pensión. El año pasado decidió pasarse a Colpensiones porque la reforma pensional se lo permitió. Pero la misma ley decía que su plata ahorrada se quedaba en el fondo privado, guardada y creciendo, hasta el día en que usted se jubilara. Solo ese día la plata pasaba a Colpensiones para pagar sus mesadas.
El Decreto 415 cambia esa regla: le ordena al fondo privado que le entregue la plata a Colpensiones ahora aunque usted todavía no se haya jubilado. Para dimensionar la cifra, esos 25 billones de pesos son aproximadamente la mitad del presupuesto anual de salud del país.
Plazos y urgencia judicial
El Decreto 415 les da a los fondos privados entre 15 días hábiles y 30 días calendario para entregar el dinero, dependiendo de si el afiliado ya se pensionó o todavía no. Eso hace urgente la decisión del Consejo de Estado: si los fondos transfieren el dinero antes de que el tribunal falle, los 25 billones ya estarían en Colpensiones cuando llegue la respuesta judicial.
Advertencias previas al decreto
Antes de que el decreto se firmara, el Banco de la República le envió una carta al ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, en marzo de 2026, en la que advirtió que el traslado anticipado “podría no tener sustento jurídico” y que vender de golpe esos activos en el mercado podría afectar las tasas de interés del país. La Contraloría General también dijo que la operación era inviable.
Argumentos del Gobierno
El Gobierno argumentó que Colpensiones está pagando pensiones a personas que se pasaron desde los fondos privados, pero sin recibir todavía la plata de esos afiliados. Según el propio decreto, la nómina de Colpensiones subió de 47,2 billones de pesos en 2023 a 55,5 billones en 2024, y de ese aumento, 15,3 billones corresponden a pensionados que venían de los fondos privados.
El presidente, Gustavo Petro, sostuvo en X que los traslados “se vienen realizando desde antes de este gobierno” y que las personas se pasan a Colpensiones “porque adquieren mejores condiciones de pensión”. El Ministerio de Hacienda firmó el decreto y dijo que continuaría “cumplidos los procedimientos legales y estudiadas las observaciones”.
El futuro del debate legal
Ahora es el Consejo de Estado el que decide si suspende el decreto mientras estudia la demanda. Si no lo hace a tiempo y los fondos transfieren el dinero, el debate legal pasaría a ser si esos 25 billones pueden o no devolverse. Paralelamente, la Corte Constitucional aún tiene pendiente definir la validez completa de la Reforma Pensional, que devolvió al Congreso en 2025 por irregularidades en su aprobación, aunque sin tocar el artículo que está en el centro de esta disputa.
