El Gobierno Nacional, a través de los ministerios de Hacienda y Trabajo, y de Colpensiones, ha advertido que el pago de las mesadas pensionales podría estar en riesgo tras el fallo del Consejo de Estado que suspendió el traslado de ahorros de los trabajadores. La suspensión total del Decreto 415 de 2026 frena el traslado de 25 billones de pesos que actualmente se encuentran en fondos privados.
Advertencia del Gobierno
Según el comunicado oficial, la medida judicial bloquea el flujo de capitales hacia la administradora pública, creando un vacío financiero que pone en duda la capacidad del Estado para cumplir con el derecho a la pensión de miles de colombianos. El Gobierno sostiene que no es financieramente sostenible ni jurídicamente exigible que Colpensiones asuma el pago de mesadas si los recursos destinados a financiarlas permanecen "atrapados" en las administradoras privadas (AFP). Esta situación vulnera el principio de sostenibilidad financiera del sistema.
Posición de Asofondos
Andrés Velasco, presidente de Asofondos, explicó que a Colpensiones se han trasladado cerca de 120.000 personas; de ellas, a 20.000 hay que pagarles su mesada, lo que representa un costo de 450.000 millones de pesos al año. Los otros 100.000 trabajadores que también se trasladaron siguen cotizando a Colpensiones y aportan unos 600.000 millones de pesos anuales. "Incluso después de descontar gastos administrativos y seguros, la plata les alcanza y les sobra. Por cada peso que tiene que pagar por estos 20.000 pensionados, reciben 1,3 pesos de las cotizaciones de los otros 100.000 que se trasladaron", aseguró.
De acuerdo con Velasco, hay recursos suficientes porque en el Presupuesto General de la Nación se incluyeron los cerca de 35 billones de pesos que el Estado debe girarle a Colpensiones para cumplir con el pago de las pensiones. "A mi juicio no hay lugar a estas alarmas porque no corresponden a la realidad. Con respecto a quienes se acogieron a la ventana de oportunidad de traslado, esto no genera un hueco adicional, sino que, de hecho, sobran recursos para pagar esas pensiones", agregó.
Marco legal en controversia
Uno de los puntos centrales de la controversia radica en el marco legal vigente. El Consejo de Estado tomó la decisión argumentando que el Decreto 415 no observó la Ley 2381 de 2024. Sin embargo, el Gobierno aclaró que dicha reforma pensional no se encuentra vigente, ya que fue suspendida hace dos años por la Corte Constitucional. En este sentido, el Ejecutivo sostiene que la potestad reglamentaria debe ejercerse sobre normas aplicables. Por lo tanto, el referente jurídico actual sigue siendo la Ley 100 de 1993, la cual prohíbe explícitamente que un afiliado pertenezca de forma simultánea a dos regímenes.
Impacto de la suspensión
La suspensión del decreto impactaría de manera directa a los ciudadanos que, bajo la figura de la oportunidad excepcional de traslado, decidieron voluntariamente pasar sus ahorros a Colpensiones para consolidar su situación jurídica. Al quedar sin efectos la normativa, el Gobierno Nacional aseguró que el flujo de capitales hacia la administradora pública se detiene, creando un vacío financiero. La parálisis administrativa derivada de la orden judicial impide que la transición de los afiliados se realice de forma coherente con la ley vigente.
El comunicado oficial enfatiza que la suspensión total del decreto materializa un riesgo mayor para los afiliados que el que se pretendía evitar con la medida de urgencia. Al negarse el traslado de los fondos, se pone en duda la capacidad de respuesta del Estado para cumplir con el derecho a la pensión de miles de colombianos.
Principio constitucional
Finalmente, las entidades recordaron que, conforme al artículo 48 de la Constitución Política, los recursos de la seguridad social tienen una destinación exclusiva y el Estado debe velar por la estabilidad del sistema a largo plazo para asegurar el pago de las prestaciones económicas de todos los trabajadores.
