Respuesta oficial sobre el traslado de recursos pensionales
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia emitió un comunicado oficial el 19 de marzo de 2026 respondiendo al Banco de la República sobre el controvertido proyecto de decreto que busca reglamentar el traslado de ahorros pensionales desde los fondos privados hacia Colpensiones. Esta respuesta se produce en medio de un intenso debate sobre la legalidad y viabilidad financiera de la medida.
Cifras significativas en el proceso de traslado
Según los datos proporcionados por el Ministerio de Hacienda, desde julio de 2024 se han trasladado más de 122 mil afiliados desde los fondos privados de pensiones hacia el sistema público administrado por Colpensiones. Este movimiento representa aportes superiores a 25 billones de pesos, una cifra que evidencia la magnitud del proceso en curso.
Adicionalmente, las autoridades revelaron que a más de 24 mil afiliados se les ha reconocido la pensión como resultado de estos traslados, lo que equivale a recursos por encima de 5,4 billones de pesos. Sin embargo, el gobierno advirtió que, pese a estos movimientos, los aportes de los afiliados permanecen en los fondos privados, creando una presión insostenible sobre las finanzas de Colpensiones.
Marco legal y advertencias del Banco de la República
El Ministerio explicó que la medida se enmarca en la Ley 2381 de 2024, actualmente en estudio por la Corte Constitucional para determinar su exequibilidad. Mientras se define este aspecto, continúan vigentes disposiciones específicas como el parágrafo del artículo 12 y el artículo 76 sobre la oportunidad de traslado.
Sin embargo, en una información exclusiva revelada por Portafolio, se conoció que el Banco de la República calificó como ilegal el proyecto de decreto del gobierno. El Emisor sostiene que, según la normativa vigente, las administradoras privadas deben gestionar estos recursos hasta que la pensión se consolide, por lo que el decreto propuesto excedería las facultades reglamentarias del Ejecutivo al carecer de sustento legal para un traslado anticipado.
Riesgos financieros y condicionamientos
El Banco de la República no solo cuestiona la legalidad de la medida, sino que también advierte sobre riesgos financieros significativos. Un movimiento masivo de estos recursos, gran parte de los cuales están invertidos en títulos de deuda pública (TES), podría desestabilizar los mercados locales y presionar las tasas de interés de manera preocupante.
Frente a estas advertencias, el Ministerio de Hacienda aseguró que "teniendo en cuenta los posibles impactos en los mercados locales", el gobierno ha propuesto la negociación de dichas inversiones con Colpensiones con el fin de reducir el posible impacto señalado. Además, el Emisor señaló que el sistema carece de capacidad técnica inmediata para absorber estos fondos, dado que el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo aún no está operativo.
Condiciones y próximos pasos
El gobierno dejó claro que el proceso está condicionado a la decisión de la Corte Constitucional. En ese sentido, afirmó que "en espera de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la exequibilidad de la Ley 2381 de 2024, se aplicarán los principios y procedimientos vigentes".
Finalmente, Minhacienda indicó que el proyecto de decreto seguirá su curso una vez se surtan los pasos correspondientes: "cumplidos los procedimientos legales y estudiadas las observaciones presentadas, el proyecto de decreto continuará su trámite". Esta declaración mantiene abierta la posibilidad de implementación de la medida, aunque sujeta a múltiples condicionamientos legales y técnicos.
