Respuesta oficial del Ministerio de Hacienda ante advertencia del Banco de la República
El Ministerio de Hacienda rompió su silencio y respondió formalmente a la tajante advertencia presentada por el Banco de la República, la cual señalaba una posible ilegalidad en el proyecto de decreto que busca trasladar los ahorros pensionales desde los fondos privados hacia Colpensiones, la entidad estatal encargada del Régimen de Prima Media en Colombia.
Contexto legal y situación actual
La cartera de Hacienda, liderada por el ministro Germán Ávila, recordó que actualmente la reforma pensional y los artículos específicos relacionados con el traslado de fondos privados se encuentran bajo estudio exhaustivo de la Corte Constitucional. Sin embargo, el Ministerio aseguró que tan pronto se definan los procedimientos legales correspondientes, la institución analizará detenidamente todas las observaciones presentadas con el objetivo claro de continuar con el trámite establecido.
En un comunicado oficial, el Ministerio destacó que desde julio de 2024 hasta la fecha actual se han trasladado más de 122 mil afiliados desde los fondos privados hacia Colpensiones, generando aportes económicos superiores a los $25 billones de pesos. De este total significativo de personas trasladadas, se ha reconocido exitosamente la pensión a más de 24 mil afiliados con total normalidad operativa, representando aportes adicionales que superan los $5,4 billones de pesos.
Preocupaciones financieras y advertencia del Banco de la República
No obstante estos avances, el Ministerio informó que los aportes económicos de los afiliados que ya han sido trasladados permanecen actualmente en los fondos privados, situación que está creando una presión financiera insostenible sobre las finanzas operativas de Colpensiones. En consecuencia directa, Colpensiones ha solicitado de manera reiterada y urgente el traslado inmediato de los recursos correspondientes a los afiliados, con el fin fundamental de prevenir posibles impactos negativos en la estabilidad financiera de la entidad estatal.
Recientemente, el Banco de la República envió una carta formal al Ministerio de Trabajo en la que aseguró categóricamente que el proyecto de decreto que traslada el ahorro pensional (aproximadamente $25 billones) desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones sería ilegal según la normativa vigente. Según la posición técnica del Banco, el proyecto iría en contra de la ley establecida, pues presuntamente los recursos ubicados en cuentas individuales deben continuar siendo administrados exclusivamente por las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) hasta el momento específico en que se reconozca formalmente la pensión correspondiente.
Argumentación legal del Banco de la República
"De acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, los recursos ahorrados de las personas que se acojan a la oportunidad de traslado del régimen privado al régimen público se mantendrán bajo la administración de las AFP hasta el momento en que se consolide la pensión de vejez", enfatizó el Banco de la República en su comunicación oficial.
La entidad bancaria también subrayó que la suspensión de la entrada en vigencia de la Ley 2381, por orden expresa de la Corte Constitucional en junio de 2025, ha impedido completar la puesta en marcha operativa del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (FAPC). Ante este escenario legal complejo, el banco considera imperativo y necesario que los ahorros pensionales se mantengan en las administradoras privadas hasta que se cumplan estrictamente todos los requisitos de ley establecidos para cada trabajador individual.
Próximos pasos y resolución final
La Corte Constitucional será finalmente la entidad encargada de definir la legitimidad legal del traslado masivo de las pensiones, un proceso que determinará el futuro del sistema pensional colombiano y afectará directamente a millones de trabajadores en todo el territorio nacional. Mientras tanto, el Ministerio de Hacienda mantiene su posición de esperar las determinaciones judiciales para proceder conforme a derecho, balanceando las necesidades del sistema público con las advertencias técnicas de las entidades de control.
