La situación de miles de jubilados en Colombia que reciben su pensión bajo la modalidad de retiro programado se ha vuelto crítica, debido a la constante pérdida del poder adquisitivo de sus mesadas. Un reciente fallo de la Corte Suprema confirmó el caso de un pensionado cuya mesada no aumentó al ritmo de la inflación, ya que el ahorro acumulado en su cuenta individual no era suficiente para financiar un pago mayor.
Pérdida de valor real en las cuentas de ahorro
Según la Asociación de Pensionados de Fondos Privados (Apenpri), las cuentas de ahorro individual han perdido entre 15% y 40% de su valor real. Esto se debe a una combinación de factores: cambios normativos que han afectado las condiciones del sistema, una baja rentabilidad de los fondos de pensiones y los fuertes incrementos del salario mínimo en los últimos años.
¿Cómo funciona el retiro programado?
En el retiro programado, la pensión no es fija, sino que depende del capital ahorrado por el trabajador durante su vida laboral, la rentabilidad que generan esos recursos en el fondo de pensiones y la expectativa de vida del pensionado. Cada año, las mesadas son recalculadas y pueden disminuir si el capital no rinde lo esperado o si la esperanza de vida aumenta.
Expertos señalan que este modelo trasladó al pensionado todos los riesgos financieros y de longevidad. Mientras tanto, la alternativa de la renta vitalicia, que ofrecía una mesada fija de por vida, ha dejado de ser atractiva para las aseguradoras, que exigen primas más altas o simplemente no la ofrecen.
Insuficiencia de las cotizaciones
Académicos advierten que las cotizaciones actuales son insuficientes para garantizar pensiones dignas, especialmente para quienes aportaron sobre la base de un salario mínimo. Además, el aumento acelerado del salario mínimo ha obligado a muchas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a reducir las mesadas para asegurar que los recursos alcancen durante toda la vida del pensionado.
La crisis del sistema pensional colombiano, particularmente en el régimen de ahorro individual, pone en evidencia la necesidad de reformas estructurales que protejan a los adultos mayores y garanticen una vejez digna.
