El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha sido contundente en sus críticas hacia la reciente decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que viabiliza el traslado de más de 25 billones de pesos desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones. A través de sus redes sociales, el jefe de Estado arremetió contra el alto tribunal, acusándolo de fallar a favor de los grupos financieros del país en detrimento de los trabajadores que buscan asegurar su jubilación en el sistema público.
La suspensión del decreto
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de Estado congeló la totalidad de la normativa gubernamental mientras estudia el caso para emitir un fallo de fondo. Esta acción judicial desató la inmediata reacción del mandatario, quien elevó el tono del debate institucional.
La furia presidencial y los señalamientos a la banca
En una extensa declaración publicada en su cuenta de X, Petro aseguró que la decisión judicial anula los derechos de la clase trabajadora consagrados en la Constitución de 1991.
“Un poder constituido como el Consejo de Estado no tiene ninguna legitimidad en anular los derechos de la gente que trabaja. Esa es una decisión inconstitucional y es un golpe de estado contra el pueblo constituyente y soberano”, escribió el presidente.
El mandatario no dudó en personalizar su reclamo. Señaló directamente a Luis Carlos Sarmiento y al Grupo Empresarial Antioqueño como los principales beneficiarios de esta medida cautelar. Según Petro, el tribunal busca “salvar a los dos banqueros dominantes” para evitar que los ahorros de toda la vida de los trabajadores dejen de ser utilidades financieras. En su mensaje, utilizó calificativos de alto calibre, afirmando que Colombia es un país “exprimido por vampiros de la muerte que empobrecen y ensucian”.
¿A quiénes pertenece el dinero congelado?
El centro de la disputa técnica radica en la reglamentación del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, conocida como la Reforma Pensional. El decreto ahora suspendido establecía el giro de recursos de cuentas individuales hacia Colpensiones, beneficiando a una población específica en etapa de transición.
Los fondos en cuestión no son un dinero abstracto gubernamental sino que corresponden a los aportes de mujeres con más de 750 semanas cotizadas y hombres con al menos 900 semanas, a quienes les faltan menos de diez años para alcanzar la edad de retiro. Este grupo había decidido libremente pasar del Régimen de Ahorro Individual (RAIS) al de Prima Media, buscando mejores garantías para su vejez. Hoy, esos traslados quedan en el limbo jurídico.
La presión se traslada a la Corte
Ante el freno impuesto por el Consejo de Estado, el presidente cerró su pronunciamiento trasladando la presión a otra instancia judicial y haciendo un llamado a la movilización. Petro le hizo un llamado a la Corte Constitucional a intervenir, otorgándole la “oportunidad histórica de dignificar la justicia colombiana”. Mientras los magistrados preparan la decisión de fondo sobre la legalidad del decreto, el Gobierno insiste en que la última palabra no la deben tener los tribunales ni los abogados del sector financiero.
