Crisis institucional y saqueo económico en Colombia
En un escenario de aparente progresismo, se observa un comportamiento gubernamental que recuerda a monarcas desquiciados, donde la gobernanza pública e institucional ha perdido todo sentido. La corrupción y la impunidad campan a sus anchas, en un entorno carente de controles efectivos y con una justicia prácticamente inexistente. El robo sistemático de recursos estatales ocurre diariamente sin consecuencias visibles para los responsables.
Fracaso en la gobernanza corporativa de Ecopetrol
Resulta inadmisible que la junta directiva del grupo empresarial más grande del país permita la destrucción de la gobernanza en una empresa que cotiza en bolsa y emite deuda en los mercados internacionales. Durante la última asamblea de accionistas, el revisor fiscal declaró abiertamente que no tuvo acceso a la información necesaria para cumplir con sus obligaciones legales y estatutarias. Esto no es simple incompetencia, sino evidencia contundente de que delincuentes están saqueando la economía estatal, incentivando simultáneamente el crecimiento de la informalidad y las actividades ilegales.
Histórica correlación entre paz y ataques energéticos
Desde la década de 1970, existe una correlación directa y preocupante entre los procesos de negociación de paz y los ataques contra la infraestructura energética nacional. Durante los gobiernos de Juan Manuel Santos, se registró un aumento significativo en los ataques terroristas y las apropiaciones ilegales de hidrocarburos por parte de organizaciones narcotraficantes, que en la actualidad superan las sesenta agrupaciones criminales.
En 2019, cuando el oleoducto Caño Limón-Coveñas permanecía inactivo, tanto el gobierno como la junta directiva implementaron una política de "cero tolerancia con el delito". Esta estrategia incluía:
- Judicialización de infractores sin diálogo con criminales
- Revisión exhaustiva de convenios con las Fuerzas Armadas y fiscales especializados
- Formación de cuadrillas especializadas en reparación de infraestructura
- Reactivación de oleoductos paralizados
- Tecnificación y sistematización del control de transporte en tiempo real
Opacidad estadística y resurgimiento del problema
Desde 2023, Ecopetrol ha dejado de publicar cifras oficiales sobre ataques a infraestructura, daños ambientales, medidas de mitigación y apropiación de hidrocarburos. Sin embargo, al analizar datos de estos cuatro años de negociaciones con organizaciones narcoterroristas, se evidencia que:
- El oleoducto Caño Limón y los sistemas del sur del país están nuevamente inactivos
- Los hurtos de hidrocarburos han aumentado considerablemente
- El robo se concentra ahora en combustible refinado importado valorado en 150 millones de dólares
- Este combustible ingresa principalmente por el poliducto Pozos Colorados-Galán
Nuevas dinámicas del narcotráfico
El combustible refinado robado que no se utiliza en la zona paralela a la frontera con Venezuela para la producción de cocaína, termina siendo vendido a empresas distribuidoras en el sur del país. Gran parte de esta gasolina finalmente llega a manos del narcoterrorismo, creando un círculo vicioso de financiamiento criminal.
Esta nueva dinámica significa que las organizaciones criminales ya no necesitan refinar crudos pesados en alambiques clandestinos, pues se apropian de un producto tres veces más costoso. En la práctica, Ecopetrol y el Gobierno, como parte de concesiones por la "paz total", están reduciendo en un 75% el costo del principal insumo para la producción de cocaína, bazuco y otras sustancias que afectan especialmente a la población infantil.
Aumento exponencial de la productividad cocalera
La productividad de la coca ha incrementado notablemente durante el actual gobierno, pasando de 7,5 a 9,8 toneladas por hectárea. Además:
- El área sembrada de coca ha crecido un 10%
- Las variedades de Antioquia y el sur de Bolívar pasaron de dos a tres cosechas anuales
- En el corredor de la zona binacional se registran entre cuatro y cinco cosechas anuales
Las cifras de Naciones Unidas, con un retraso de dos años, indican que al finalizar el gobierno de Álvaro Uribe en 2010 se exportaban 50 toneladas, mientras que en 2024 alcanzan las 2.850 toneladas. Considerando las mejoras genéticas de nuevas variedades, Colombia podría estar exportando más de 4.000 toneladas anuales, a lo que se suma el consumo interno y las incautaciones. El país produce aproximadamente el 80% de las 5.000 a 6.000 toneladas del principal insumo de la miseria humana, la violencia criminal y el terrorismo subversivo.
Riesgo de transformación en narcoestado
Es fundamental comprender que este negocio criminal no está en venta, y que el proceso electoral actual encierra el propósito de una transición "legal" hacia un narcoestado. Este modelo se basaría en una dictadura constitucional que otorgue impunidad total a las organizaciones criminales narcoterroristas.
El desafío pendiente es evitar el estatismo neo narco-comunista para preservar las libertades económicas. Quienes ignoran que la cocaína y el oro ilegal no tributan, y que sin los impuestos de una economía formal dinámica y creciente -incluyendo la locomotora minero-energética liderada por Ecopetrol- resulta imposible mantener la hacienda pública, el costo del Estado y su burocracia, no respetarán estas libertades.
Cada voto en las próximas elecciones determinará si Colombia cae en la miseria absoluta, siguiendo el trágico ejemplo de Venezuela, donde Hugo Chávez creyó que con el petróleo y Pdvsa sería suficiente para sostener la nación.
