Empresa con vínculos a entorno presidencial colombiano obtiene contratos petroleros en Venezuela
Una investigación periodística conjunta de La Silla Vacía y Armando.info ha revelado detalles sobre la adjudicación de bloques petroleros venezolanos a una empresa colombiana con conexiones directas al entorno del presidente Gustavo Petro. Los documentos muestran que la compañía Colven Business & Corp, constituida en Bogotá en octubre de 2022, recibió derechos de explotación en zonas estratégicas de Venezuela bajo un nuevo esquema impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
Los contratos y sus beneficiarios
Los bloques petroleros fueron otorgados mediante la figura de los Contratos de Participación Productiva (CPP), un mecanismo implementado por Rodríguez tras asumir el Ministerio de Petróleo en agosto de 2024. Esta modalidad, fortalecida mediante una reforma legal en Venezuela, permite la participación privada en la explotación energética del país. Según la investigación, la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) ha firmado al menos 29 contratos bajo este esquema sin divulgar públicamente los nombres de todas las empresas involucradas.
La empresa beneficiada, Colven Business & Corp, está relacionada con Danilo Romero Gómez y con familiares del empresario catalán Manuel "Manel" Grau Pujadas, señalado como cercano a la primera dama Verónica Alcocer. Los reportes periodísticos indican que tanto Romero como Grau mantienen vínculos estrechos con la familia presidencial que van más allá de lo personal, coincidiendo en distintos momentos con actividades empresariales y contratos.
Detalles estratégicos y financieros
Los bloques adjudicados se encuentran en zonas de Barinas y Apure, cuyas reservas suman más de 1.100 millones de barriles. Fuentes del sector citadas en la investigación indican que la producción en esas áreas podría aumentar significativamente con inversiones relativamente bajas, generando ingresos potenciales millonarios.
La ubicación tiene relevancia estratégica adicional, ya que se encuentra cerca de la frontera con Colombia y de infraestructura petrolera clave como el campo Caño Limón y el oleoducto hacia Coveñas. Sin embargo, la presencia del ELN en la zona representa un factor de riesgo significativo para cualquier operación.
Pese al tamaño del negocio, los informes financieros de Colven en Colombia reflejaban una situación económica limitada, con patrimonio negativo y sin experiencia comprobada en explotación petrolera. Este patrón, según la investigación, coincide con el de otras compañías que han recibido contratos similares en Venezuela.
Red de conexiones empresariales
La investigación también destaca la participación inicial de Danilo Romero en la creación de la empresa, aunque él asegura haberse retirado antes de la adjudicación de los contratos. No obstante, registros empresariales muestran que personas cercanas a su entorno continuaron vinculadas a la compañía.
Otro nombre mencionado es el de Alfonso Camilo Barco Muñoz, actual vicepresidente financiero de Ecopetrol, quien tuvo participación previa en Colven antes de asumir su cargo. Barco afirma que su vinculación fue como asesor independiente y que dejó la empresa antes de que obtuviera los contratos en Venezuela.
El control mayoritario de Colven está en manos de Colenergy Group, una firma registrada en Panamá y relacionada con Gregorio Grau Pujadas (hermano de Manuel Grau) y con el empresario venezolano Jesús Velásquez, identificado en la investigación como cercano al chavismo.
Contexto político y energético
Este caso ocurre en un contexto de reactivación de las relaciones energéticas entre Colombia y Venezuela, tras años de distanciamiento. Las reformas impulsadas por el gobierno venezolano buscan atraer inversión extranjera al sector petrolero, considerado clave para la economía del país.
Aunque la investigación no señala responsabilidades penales ni decisiones judiciales, sí expone una red de relaciones empresariales y políticas que ha generado interrogantes sobre posibles conflictos de interés y el papel de actores cercanos al poder en negocios energéticos de alto valor. El caso plantea preguntas sobre la transparencia en la adjudicación de contratos petroleros y las conexiones entre el poder político y los negocios energéticos en la región.
