La profunda crisis que atraviesa la petrolera estatal boliviana Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), marcada por problemas de desabastecimiento y una alta rotación en su cúpula directiva, ha reactivado el debate sobre la necesidad de una reorganización estructural de la compañía.
Nuevo presidente en YPFB
En medio de este panorama, el Gobierno de Rodrigo Paz designó a Sebastián Daroca como nuevo presidente de YPFB, convirtiéndose en el tercer titular de la empresa en menos de seis meses. El nombramiento se produjo tras la renuncia de Claudia Cronenbold, quien estuvo menos de un mes en el cargo, luego de la salida previa de Yussef Akly.
En su carta de dimisión, Cronenbold advirtió que la petrolera se encuentra en un “estado institucional significativamente más deteriorado de lo previsto”, una situación que atribuyó al manejo de la empresa durante las administraciones de Evo Morales y Luis Arce.
Agotamiento de reservas de gas
Uno de los factores estructurales detrás de la crisis es el agotamiento progresivo de los yacimientos de gas, históricamente la principal fuente de ingresos del país. Las reservas probadas han caído de 10,7 trillones de pies cúbicos (TCF) en 2017 a cerca de 3,7 TCF actualmente, según datos oficiales, lo que ha impactado directamente la renta petrolera.
Cambios en el Ministerio de Hidrocarburos
A la par de los cambios en YPFB, el Ejecutivo también nombró a Carlos Blanco como nuevo ministro de Hidrocarburos, en reemplazo de Mauricio Medinaceli, con el fin de contener la crisis de carburantes que enfrenta el país. Esta situación se ha visto agravada por problemas en la calidad de la gasolina y recientes episodios de escasez de diésel.
El deterioro en la calidad del combustible, particularmente la denominada “gasolina desestabilizada”, surgió semanas después de que el Gobierno eliminara, a mediados de diciembre, la subvención a los combustibles que se mantuvo por más de dos décadas.
YPFB atribuyó esta situación a fallas heredadas de gestiones anteriores, señalando la presencia de residuos de plomo y manganeso en algunas plantas de almacenamiento. Como respuesta, la estatal implementó controles de calidad y creó un sistema de compensación para usuarios afectados. Sin embargo, el presidente Paz ha insistido en que parte de la crisis responde a un “boicot” interno ejecutado por supuestas mafias dentro de la empresa.
Presión por reformas estructurales
Expertos coinciden en que los problemas de YPFB van más allá de los recientes cambios administrativos. El exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos considera que la compañía necesita reducir su tamaño y enfocarse en su función principal: garantizar el abastecimiento de combustibles. Según Ríos, en su estado actual YPFB es “inmanejable”, debido al peso de la influencia política y a su transformación en una estructura sobredimensionada, con cerca de 5.000 empleados y múltiples unidades de negocio que generan pérdidas.
Por su parte, el analista energético Raúl Velásquez, de la Fundación Jubileo, advierte que la estatal arrastra problemas históricos de falta de transparencia e ineficiencia. En los últimos 20 años, la empresa ha tenido 16 presidentes ejecutivos interinos y actualmente cuenta con once subsidiarias, muchas de ellas con funciones duplicadas. Velásquez sostiene que la solución requiere una reforma institucional de fondo, que incluya la designación de nuevas autoridades mediante mecanismos más independientes, así como la reducción de la influencia política en su directorio.
En esa misma línea, el exministro Medinaceli señaló recientemente que, aunque una empresa estatal no es negativa en sí misma, en el caso de YPFB se aplicaron políticas que terminaron por “estrangular” al sector de hidrocarburos.
Perspectivas a futuro
Con los recientes cambios en la dirección de la petrolera y en el Ministerio de Hidrocarburos, el Gobierno boliviano busca estabilizar el suministro y la calidad de los combustibles, al tiempo que se abre paso a una eventual reestructuración de una de las empresas más estratégicas para la economía del país.
