Crisis energética y sanitaria golpea a municipios de Bolívar
La tensión en el Caribe colombiano alcanzó un punto crítico este viernes 17 de abril, cuando Afinia, filial del Grupo EPM, ejecutó la desconexión total del servicio eléctrico a ACUACOR, el operador encargado del suministro de agua potable en los municipios de Clemencia y Santa Catalina, ubicados en el norte del departamento de Bolívar.
Este episodio no solo deja a miles de ciudadanos en una situación de vulnerabilidad sanitaria, sino que expone la fragilidad estructural de los servicios públicos en la región, donde la crisis financiera amenaza con desencadenar un apagón sistémico y una emergencia de salud pública por la falta de agua.
Deuda millonaria y conexiones ilegales
El detonante de esta medida radical fue una deuda acumulada que supera los $3.000 millones de pesos, según informó Afinia. La empresa asegura que agotó todas las instancias de diálogo, mesas de trabajo y requerimientos técnicos antes de proceder al corte.
Sin embargo, el factor que aceleró la decisión fue el hallazgo de conexiones ilegales en los transformadores de distribución, prácticas que Afinia califica como "riesgos críticos para la seguridad eléctrica". Estas irregularidades reflejan la desesperación o negligencia técnica de un operador que no ha logrado normalizar sus obligaciones financieras.
Incidente de orden público
La gravedad de la situación trascendió lo administrativo cuando, durante la ejecución del corte en horas de la tarde, la cuadrilla técnica de Afinia fue retenida por la comunidad en un acto de represalia. Este incidente puso en riesgo la integridad física de los operarios y obligó a la empresa a emitir un llamado urgente a la Fuerza Pública para garantizar la seguridad de su personal.
Este tipo de situaciones se ha vuelto común en la costa norte, donde el descontento social por las altas tarifas de energía y la deficiencia en los servicios suele canalizarse a través de agresiones contra trabajadores de las empresas prestadoras.
Efecto dominó en el Caribe
Este corte ocurre en el momento de mayor vulnerabilidad energética para la región. Mientras los gobernadores del Caribe exigen un rescate estatal del 50% de la tarifa, operadores locales como Acuacor sucumben ante la imposibilidad de pagar facturas que han crecido desmedidamente por el cobro de pérdidas no técnicas.
La insolvencia de los operadores de servicios públicos genera un efecto dominó preocupante: si el acueducto no paga a la eléctrica, esta última no tiene caja para comprar energía en bolsa, acercando al Caribe a un apagón generalizado. Los municipios afectados quedan atrapados en una disputa financiera donde el ciudadano es el rehén final, sin agua para sus necesidades básicas.
Reunión urgente convocada
Ante la magnitud de la emergencia, se ha convocado una reunión de carácter urgente para la próxima semana. En ella participarán no solo los alcaldes de Clemencia y Santa Catalina, sino que se ha solicitado la mediación de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
El objetivo declarado es buscar una "solución estructural", pero en un sistema donde la deuda es la norma y los costos operativos superan la capacidad de pago de los entes territoriales, surge la pregunta crucial: ¿quién asumirá el hueco financiero para que el agua vuelva a fluir en estos municipios?
Por ahora, en Clemencia y Santa Catalina, la noche llega con una doble incertidumbre: no hay luz en las bombas del acueducto y, pronto, no habrá agua en los grifos de los hogares, sumiendo a la población en una crisis que combina carencias energéticas y sanitarias.
