La ANI comprometió casi todo su presupuesto en 2025 pero solo ejecutó el 34,5% en obras viales
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) comprometió el 99,5% de su presupuesto de inversión para el año 2025, prácticamente amarró hasta el último peso en contratos y obligaciones, pero solo ejecutó el 34,5% de ese mismo rubro durante la vigencia fiscal. Este preocupante resultado representa el peor desempeño del sector Transporte en los últimos siete años, según un informe de la Dirección de Análisis Económico e Investigaciones de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (DAE-CCI).
Brecha presupuestal de $5 billones afecta proyectos viales
De los $8,36 billones que la ANI tuvo disponibles en 2025, la entidad solo pagó $2,88 billones al corte del año. Los $5 billones restantes quedaron constituidos como reserva presupuestal para cancelarse en 2026. Esta brecha significa que el dinero que las empresas a cargo de los grandes corredores viales necesitaban para pagar obras ya ejecutadas, cubrir costos de operación y honrar sus obligaciones con el sistema financiero, no ha sido desembolsado oportunamente.
El informe de la DAE-CCI señala dos factores principales que explican la magnitud del problema:
- La ANI no pagó las vigencias futuras de los proyectos concesionados antes del 31 de diciembre de 2025, aunque el plazo contractual para esos giros era el 15 de febrero de 2026.
- La entidad sufrió un recorte presupuestal significativo, pasando de una apropiación inicial de $9,53 billones a $8,36 billones disponibles al finalizar el año, una reducción de $1,16 billones asociada a los ajustes del Decreto 1477 de 2025.
Corredores viales que siguen sin recibir pagos
El informe de ejecución presupuestal de la ANI con corte al 28 de febrero de 2026, firmado por Gustavo Adolfo Salazar Herrán, vicepresidente de Gestión Corporativa, muestra que la deuda acumulada no ha sido saldada en su totalidad. Al cierre de ese mes, la agencia registraba $4,84 billones en reservas presupuestales constituidas desde 2025, de las cuales había pagado $3,99 billones, dejando un saldo pendiente superior a $1,37 billones.
Entre los corredores que aparecen con pagos acumulados en cero al 28 de febrero se encuentran:
- Puerto Salgar–Barrancabermeja (Cundinamarca, Boyacá y Santander) con $367.000 millones sin cancelar
- Buenaventura–Loboguerrero–Buga (Valle del Cauca) con $247.000 millones pendientes
- Popayán–Santander de Quilichao (Cauca) con $249.000 millones sin girar
- Sabana de Torres–Curumaní (Santander y Cesar) con $179.000 millones
A estos se suma el rubro de control y seguimiento a vías primarias concesionadas, con $48.000 millones de obligaciones sin pagar. Mientras tanto, corredores como Pamplona–Cúcuta, Autopista Conexión Pacífico 1, Conexión Norte y Rumichaca–Pasto sí recibieron sus giros completos en los primeros dos meses del año.
Riesgos contractuales y financieros para el Estado
Los patrimonios autónomos de cada concesión son los vehículos jurídicos a través de los cuales fluyen los recursos del Estado hacia las obras. Cuando esos giros no llegan, las concesionarias deben cubrir con recursos propios o con crédito los costos de construcción, operación y servicio de deuda con el sistema financiero.
Esta situación genera intereses adicionales, presiona los flujos de caja de los proyectos y puede activar mecanismos de reclamación previstos en los contratos de concesión, que a su vez pueden derivar en procesos arbitrales o en reconocimiento de compensaciones a cargo del Estado. La ANI tiene apropiados $3.500 millones para laudos arbitrales en su presupuesto de 2026, lo que indica que el riesgo de reclamaciones contractuales ya está incorporado en la planeación financiera de la entidad.
El peor desempeño del sector Transporte en siete años
El informe concluye que el sector Transporte no solo se consolidó como el sector productivo con menor ejecución presupuestal durante la vigencia 2025, sino que este resultado corresponde al peor desempeño del sector en los últimos siete años. La ejecución total de la ANI en 2025 quedó 26,6 puntos porcentuales por debajo del promedio registrado entre 2019 y 2024.
La entidad ejecutó tan solo el 20,4% de su presupuesto de inversión, el peor indicador entre las tres entidades principales del sector (ANI, Invías y Aerocivil). Este bajo nivel de ejecución presupuestal representa un desafío significativo para la infraestructura vial del país y para la confianza de los inversionistas en los proyectos de concesión.
