Cambio de estratificación en Bucaramanga genera crisis económica en hogares vulnerables
La revisión general de la estratificación urbana en Bucaramanga ha desatado una ola de inconformidad entre miles de familias que enfrentan incrementos abruptos en los recibos de servicios públicos. Lo que en teoría debía ser una actualización técnica se ha convertido en una pesada carga económica para sectores históricamente vulnerables de la ciudad.
Historias que reflejan la crisis
Luisa Fernanda Ortiz Flórez, residente en el barrio Buenavista, describe cómo su vida dio un vuelco inesperado: "El golpe llegó sin aviso y cayó directo al bolsillo". Su vivienda, clasificada durante años en estrato 2, pasó repentinamente a estrato 3, generando consecuencias inmediatas:
- Incremento sostenido en facturas de servicios públicos
- Exclusión del sistema Sisbén para toda su familia
- Incapacidad para acceder a servicios de salud básicos
"Yo no tengo cómo pagar esos recibos ahora. Apenas nos alcanza para comer", relata con angustia visible esta madre de familia que ve cómo su estabilidad presupuestal se desmorona.
La polémica del Decreto 0737
El controvertido Decreto 0737, firmado en septiembre de 2025 por la Alcaldía de Bucaramanga, estableció la revisión general de estratificación urbana. Aunque en el documento se planteaba como una actualización necesaria, la implementación ha generado múltiples cuestionamientos:
- Falta de socialización previa con las comunidades afectadas
- Ausencia de visitas domiciliarias para caracterización adecuada
- Cambios abruptos sin justificación clara para los residentes
Los sectores más afectados incluyen las comunas Norte, Morrorrico, Nororiente, Cabecera y García Rovira, donde los incrementos han sido particularmente severos.
Más casos, misma problemática
Carmen Rosa Ortiz, también del barrio Buenavista, denuncia que sus recibos se dispararon hasta en un 50% tras el cambio de estrato de su vivienda. "Lo único cierto es que nos metieron la mano al bolsillo", afirma con indignación, destacando la inconsistencia del proceso que afectó a algunos vecinos pero no a otros en condiciones similares.
Fidelina Lozada Angarita enfrenta una situación aún más crítica: su recibo del agua pasó de $47 mil a $97 mil, más del doble de lo habitual. "La medida es injusta y alejada de mi realidad", señala esta residente de Morro Alto, quien junto a su esposo padece problemas de salud que limitan su capacidad para asumir estos costos adicionales.
Respuesta institucional y debate político
El concejal Diego Armando Lozada Trujillo ha sido enfático en sus críticas: "Se debe hacer una socialización y concertación real con los afectados". El cabildante anunció la preparación de un debate de control político para exigir respuestas y buscar soluciones a una problemática que, según advierte, está golpeando con especial dureza a los sectores más vulnerables.
Por su parte, la Alcaldía de Bucaramanga defendió el proceso mediante datos oficiales:
- 97,6% de los inmuebles conservó su estrato original
- 1,1% redujo su clasificación socioeconómica
- 1,2% aumentó su estrato
Jhon Manuel Delgado, jefe de Gobernanza, explicó que el estudio se desarrolló entre 2020 y 2025, fue validado por el Comité de Estratificación y se ajusta a la Ley 142 de 1994. "El proceso se realizó con criterios de equilibrio", aseguró la administración local.
Impacto social y económico
La situación ha generado una creciente incertidumbre en los barrios afectados. Familias enteras se ven obligadas a recortar gastos esenciales, mientras temen perder los pocos beneficios sociales que les permitían mantener cierta estabilidad.
La pregunta que flota en el ambiente es inevitable: ¿realmente existió un estudio justo y transparente, o simplemente se trasladó el peso de la decisión a quienes menos pueden soportarlo? Mientras tanto, miles de bumangueses continúan haciendo cuentas que no cuadran, esperando una solución que alivie la presión económica que hoy amenaza su calidad de vida.
