Cali: Comunidad cuestiona cierre vial permanente cerca de estación policial El Caney
Cierre vial en Cali enfrenta a comunidad y autoridades por legalidad

Cierre vial en Cali genera conflicto entre residentes y autoridades policiales

En el barrio El Caney, al sur de Cali, un cierre vial permanente en la Calle 48 con Carrera 82A mantiene enfrentadas a la comunidad local con las autoridades de la ciudad. Los residentes cuestionan la legalidad de esta restricción, mientras la Policía Nacional insiste en que se trata de una medida preventiva esencial por razones de seguridad.

Falta de sustento técnico y desacato administrativo

Según documentación oficial consultada por los habitantes del sector, la Secretaría de Movilidad de Cali admitió que no existe un concepto técnico favorable emitido por la Secretaría de Seguridad y Justicia que respalde el cierre vial. Esta ausencia de fundamento legal ha llevado a la comunidad a calificar la situación como un desacato administrativo por parte de las autoridades.

"Es inaudito que la autoridad de tránsito ordene abrir la vía por ilegalidad y la orden no se cumpla", expresó un ciudadano que prefirió mantener su identidad en reserva. Los residentes argumentan que esta omisión viola procedimientos establecidos y afecta directamente su calidad de vida.

Impacto ambiental y comunitario del bloqueo

El cierre ha generado consecuencias negativas significativas para el vecindario:

  • Desvío de vehículos de carga pesada hacia zonas residenciales
  • Aumento considerable de los niveles de ruido ambiental
  • Incremento en la contaminación del aire por emisiones vehiculares
  • Congestión en vías alternas no diseñadas para alto tráfico

Un vocero comunitario señaló: "Estamos respirando humo todos los días y nadie nos da una respuesta clara. La situación evidencia una desatención institucional que afecta a cientos de ciudadanos".

Controversia sobre horarios y alcance real

Existe discrepancia entre lo establecido oficialmente y la realidad que viven los residentes. Mientras las autoridades hablan de un cierre nocturno de 11 p.m. a 5 a.m., los habitantes reportan un bloqueo total que opera de lunes a domingo desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Esta diferencia sustancial en los horarios agrava las afectaciones a la movilidad local.

Recurso judicial desestimado por vía inadecuada

El conflicto llegó a los estrados judiciales mediante una acción de tutela presentada por un ciudadano contra la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali. El Juzgado Veintiuno Civil Municipal determinó que:

  1. La tutela era improcedente para este caso
  2. La vía judicial adecuada sería una acción popular, al tratarse de derechos colectivos
  3. No se demostró la existencia de un perjuicio irremediable que requiriera intervención inmediata

Esta decisión dejó el cierre vigente sin que fuera expresamente avalado o anulado por la justicia, manteniendo la incertidumbre legal sobre su estatus.

Justificación de seguridad y alertas terroristas

La Policía Nacional fundamenta el cierre en la presencia de la Estación de Policía El Caney y una clínica policial en el sector, instalaciones que según la institución cuentan con alertas de riesgo terrorista vigentes. La medida preventiva busca proteger tanto al personal uniformado como a la comunidad circundante de posibles amenazas.

Frente a consultas sobre la posibilidad de levantar la restricción o establecer un plazo definido, las autoridades policiales manifestaron que por ahora se desconoce si tendrá un tiempo estimado de duración, manteniendo la medida de manera indefinida.

Comunidad exige equilibrio entre seguridad y derechos

Los residentes reconocen la importancia de la seguridad policial pero insisten en que esta no puede convertirse en excusa para la ineficiencia administrativa. "Respetamos la seguridad de la Policía, pero esta no puede ser una excusa para el sacrificio eterno de un barrio", concluyó uno de los denunciantes, reflejando el sentir general de la comunidad.

La discusión continúa abierta, con la comunidad exigiendo claridad institucional y una solución que equilibre las necesidades de seguridad con los derechos a la movilidad, el ambiente sano y la calidad de vida de los habitantes del sector El Caney en el sur de Cali.