Conflicto logístico en el Suroeste antioqueño por cierres programados en Las Areneras
La región del Suroeste antioqueño enfrenta una encrucijada logística y política de considerables dimensiones debido a los cierres viales programados por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en el sector conocido como Las Areneras, ubicado en la estratégica vía 4G Pacífico 1. Las restricciones de tránsito, que comenzarán oficialmente el próximo 25 de febrero, han generado posturas diametralmente opuestas entre los actores involucrados, creando un pulso que refleja la tensión entre el desarrollo de infraestructura y la preservación de la dinámica económica regional.
El plan de manejo de tráfico y sus implicaciones
La ANI ha establecido un Plan de Manejo de Tráfico (PMT) específico para permitir la construcción del Retorno 2 en Las Areneras, tras la culminación de trabajos previos en el sector de Sinifaná. Este esquema de cierres, resultado de una concertación que redujo significativamente la propuesta inicial, contempla:
- Dos períodos de restricción total durante la jornada diurna
- Un primer cierre matutino de 8:30 a.m. a 10:30 a.m.
- Un segundo cierre al mediodía de 11:30 a.m. a 1:30 p.m.
- Una ventana de paso controlado entre las 10:30 a.m. y 11:30 a.m.
Durante la ventana de paso, se habilitará el tránsito de manera alterna por sentido, con el objetivo claro de evacuar eficientemente los vehículos que se encuentren represados. La flexibilidad del plan, según la ANI, dependerá del comportamiento operativo observado, lo que podría derivar en ajustes futuros.
La perspectiva del sector transportador: un mal necesario
Para el gremio del transporte de carga, representado por Colfecar, la situación presenta matices complejos. Nidia Hernández, presidenta de la entidad, reconoce que cualquier impedimento vial genera lucro cesante y sobrecostos significativos, especialmente en un contexto donde el sector ha soportado más de 2.339 bloqueos diversos en los últimos tres años.
Sin embargo, Colfecar adopta una postura de aceptación condicionada, considerando estos cierres como un mal necesario para la conectividad y competitividad nacional. Hernández expresó particular desconcierto ante la posición del gobierno local: "Resulta paradójico que el alcalde de Amagá, quien solicitó estas obras adicionales en el 2016... ahora que ya las van a ejecutar, sea él quien se opone y convoca a otros alcaldes para impedirlas".
Impacto económico en cifras concretas
La magnitud del impacto potencial se refleja en datos proporcionados por Colfecar:
- Aproximadamente 1.200 vehículos de carga transitan diariamente por este punto crítico
- Los cierres afectan principalmente a la carga perecedera y el cumplimiento de citas logísticas
- Se ponen en riesgo inversiones estratégicas valoradas en $140.000 millones
Además, el gremio subraya que este corredor ya presenta vulnerabilidades previas, incluyendo la restricción de carga en el puente de Bolombolo desde 2016 y un "cuello de botella" de 3,2 kilómetros que el Invías no entregó en doble calzada.
La resistencia municipal: defensa de la economía regional
En contraste absoluto, Wilser Darío Molina, alcalde de Amagá, mantiene una postura de firme resistencia a los cierres diurnos programados. Tras reuniones con representantes de Covipacífico y la ANI, el mandatario local fue enfático en señalar que la economía regional no puede permitirse estas restricciones.
Molina propone alternativas concretas:
- Implementación de esquemas de "pare y siga" menos invasivos
- Ejecución de trabajos preferiblemente durante jornadas nocturnas
- Realización de una visita técnica para evaluar la necesidad real del cierre total
"No vamos a dejar que se afecte la economía de nuestra región", sostuvo el alcalde, anunciando además una próxima visita técnica que determinará si existe justificación técnica suficiente para el cierre total.
Hacia una solución consensuada
La situación plantea un dilema clásico de infraestructura: cómo modernizar una vía crítica sin estrangular la economía local en el proceso. Mientras la ANI defiende que el plan actual busca equilibrar el avance de las obras con las dinámicas de movilidad, los transportadores insisten en que las decisiones deben tomarse con criterios técnicos y no políticos.
Como mecanismo de seguimiento, se acordó la conformación de un comité de monitoreo que incluirá a las alcaldías, voceros del transporte y la interventoría para evaluar la implementación del PMT. La próxima semana se perfila como crucial para definir si el Suroeste antioqueño enfrentará camiones detenidos bajo el sol o si las máquinas trabajarán bajo la luna para preservar el pulso comercial del departamento.
