La inseguridad vial sigue entregándole a la región balances de escándalo: 416 muertos el año pasado en las carreteras de Santander, y en apenas dos meses de 2026 ya se registran 80 fallecidos, que significan un incremento del 33%, lo cual, en términos humanos y sociales, representa ni más ni menos que una tragedia. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) advierte que el exceso de velocidad, el mal comportamiento y la falta de casco son causas recurrentes, obviamente entre motociclistas, que representan el 64% de las víctimas.
Pero sería un error y una negligencia moral quedarnos solo en la conducta humana cuando cientos de vías primarias, secundarias y terciarias en Santander son, en su gran mayoría, verdaderas trampas mortales. Según la secretaria de Infraestructura del departamento, el corredor que conecta Santander con Bogotá presenta un deterioro considerable en su pavimento, y tramos en el Magdalena Medio, Barrancabermeja y la vía hacia El Llanito son puntos críticos de siniestralidad constante. Esa carretera nacional, que debería ser una arteria moderna y segura, se ha convertido en una especie de ruleta rusa para quienes deben recorrerla.
Responsabilidad del Gobierno Nacional
El Gobierno Nacional no puede seguir cruzado de brazos mientras los santandereanos mueren por el abandono de su infraestructura. La Constitución claramente establece el deber del Estado de garantizar la seguridad y la movilidad en condiciones dignas. Sin embargo, lo que vemos son eternas promesas incumplidas y un silencio cómplice ante las carreteras deshechas. Cada muerto en la vía nacional, cada motociclista que se desliza sobre un pavimento desintegrado, no representa sino la indolencia de una clase dirigente a la que parece no importarle la vida de los ciudadanos.
Impacto económico y social
Las pérdidas económicas son otro problema serio, pues los accidentes que año a año se multiplican en nuestras carreteras causan costos millonarios en atención médica, pérdida de productividad, daños a vehículos y sobrecostos logísticos para el transporte de carga y pasajeros. Santander es un departamento estratégico para la economía nacional y, sin embargo, sus carreteras parecen de un país en guerra, no de una región que aspira al desarrollo. El atraso vial está matando no solo personas, sino también reduciendo permanentemente las oportunidades de progreso.
Mientras tanto, la ANSV cumple una labor que no brilla porque se estrella contra el abandono estructural, y, aunque la corresponsabilidad ciudadana es indispensable, ningún llamado a la prudencia ni campaña de cultura vial podrá suplir un bache que parte un neumático, un derrumbe no atendido ni señalizado, o una curva sin peralte adecuado. Los conductores pueden respetar los límites, usar casco certificado y observar todas las señales de tránsito, pero, si la vía está en pésimas condiciones, el riesgo persiste.
Urgencia de intervención vial
El Gobierno Nacional no debe seguir en su actitud despectiva, repitiendo incansablemente las mismas excusas y proponiendo estudios interminables. Se requiere una intervención urgente y contundente en las vías nacionales que atraviesan Santander: reparación del pavimento, señalización efectiva, taludes estabilizados y sistemas de contención; es lo menos que se requiere. Las cifras demuestran que esto es una cuestión de vida o muerte, pero también de justicia territorial.
No es posible que regiones como la nuestra sigan pagando con sangre y atraso la indiferencia de quienes tienen el deber constitucional de protegerlas, pero que, en lugar de ello, desoyen las voces de alrededor de 500 familias que, entre el año pasado y este, lloran la pérdida irreparable de sus seres queridos.
