Una declaración de Findeter abrió el lunes un debate sobre quién debe financiar la doble calzada La Virgen–La Cemento. La vía es municipal, pero está incluida en el Convenio de las Vías de la Cigarra. La doble calzada entre La Virgen y La Cemento está incluida en el Convenio Interadministrativo 1113 de 2016 con una inversión proyectada de 144.671 millones de pesos.
Una obra con dos décadas de respaldo contractual
El compromiso de construir la doble calzada La Virgen–La Cemento no nació el lunes en una mesa técnica. Está sostenido por un encadenamiento contractual que arranca en 2006, cuando el entonces Instituto Nacional de Concesiones adjudicó al consorcio Autopistas de Santander una concesión por 25 años para intervenir 108 kilómetros en la Zona Metropolitana de Bucaramanga (ZMB). Entre esas obras figuraba, desde el primer día, la doble calzada La Virgen - La Cemento.
Cuando esa concesión se liquidó en 2015 por incumplimiento de los plazos de construcción, las obras pendientes no se cancelaron: pasaron a un nuevo esquema regional. Así nació el Convenio Interadministrativo 1113 de 2016, suscrito por Invías, la Gobernación de Santander, la Alcaldía de Bucaramanga y los municipios de Lebrija y Rionegro, con un plazo de 30 años que se extiende hasta 2046. El acuerdo entregó a la región los peajes de Lebrija y Rionegro, precisamente para terminar lo que la concesión dejó incompleto.
El ingeniero Félix Jaimes, conocedor del convenio desde su elaboración, lo resume así: “El hecho de que la vía se haya devuelto al municipio no significa que se haya eliminado el compromiso de hacer la doble calzada. Eso está dentro del convenio”. El ingeniero Rodrigo Fernández refuerza esta idea: Findeter actúa como operador del programa Vías de la Cigarra y las decisiones sobre el alcance y la priorización corresponden al Comité Directivo, integrado con voz y voto por Invías, la Gobernación y la Alcaldía de Bucaramanga.
La frase polémica
En ese contexto causó ruido la aclaración que la vocera técnica de Findeter, Paola Arias, hizo el lunes en el encuentro con la comunidad del norte de Bucaramanga: “No es vía nacional, es una vía municipal administrada por el municipio de Bucaramanga”. La precisión, presentada como jurídica, fue interpretada por la Alcaldía y por voces técnicas regionales como un planteamiento de fondo: trasladar la responsabilidad financiera de la obra al municipio.
Arias y el ingeniero Jorge Montero, del equipo técnico de la Gerencia de Transporte y Movilidad, aclararon que Findeter ingresó al convenio en mayo de 2022 como asistente técnico y operador de recursos, y la entidad no es propietaria ni administradora de la infraestructura vial. El convenio agrupa diez tramos, entre vías nacionales y municipales, y La Virgen–La Cemento corresponde a las segundas.
El proyecto, según Arias, no ha sido priorizado por el Comité Directivo, “considerando que no se tienen los recursos necesarios para poder ejecutarlo”. Los estudios y diseños, recibidos por Invías en 2018 por $68.000 millones, deberán actualizarse tras más de ocho años. Faltan 127 predios por adquirir, de los 239 que requiere la licencia ambiental modificada en 2020, y el plan de reasentamiento quedó como tarea de la Alcaldía.
Lo que dicen la Alcaldía y el departamento
El jefe de Gobernanza de Bucaramanga, Jhon Manuel Delgado, señaló que Findeter “ha anunciado y notificado que este tramo vial no es considerado como parte de una vía nacional, sino una vía municipal”, una consideración que, dijo, “nunca se había planteado” en el comité técnico. Para Delgado, el movimiento “pareciera buscar una recomposición de la forma como se espera financiar el proyecto”. Por ello insistió en que la prioridad es encontrar un cierre financiero con la Nación: “Si no encontramos puntos de acuerdo para la solución definitiva, no vamos a lograr que las comunidades del norte de Bucaramanga y Rionegro estén conectadas y mejoren su calidad de vida”.
Desde la Secretaría de Infraestructura de Santander se planteó una posición intermedia que reordena el debate. El convenio sí permite invertir en el tramo: “Findeter no puede decir que por ser vía municipal no se pueden invertir los recursos. Claro que se puede”. El obstáculo, explicó, es financiero, no jurídico. El peaje de Lebrija tiene comprometidos sus ingresos en obligaciones adquiridas y el de Rionegro lleva cinco años sin recaudar, tras la vandalización de la caseta en mayo de 2021. Esa es la pieza que falta para que la anotación del documento oficial deje de ser una condición suspendida.
La salida que se discutió en la mesa, planteada por la comunidad, es la gestión de un documento Conpes nacional que destine más de $200.000 millones, para que se usen en la gestión predial, actualización de diseños y la obra. La iniciativa, indicó la Secretaría, ya está en los diálogos del nuevo Plan Nacional de Desarrollo.
