El Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte han iniciado una investigación administrativa contra 37 organismos de tránsito en Colombia por presuntas irregularidades en la operación de las cámaras de detección electrónica, conocidas como SAST o fotomultas. Esta acción podría tener un impacto masivo: cerca de 6 millones de comparendos podrían quedar sin efecto y más de 1 billón de pesos ya pagados por los conductores tendría que ser devuelto.
Millones de fotomultas bajo la lupa
El documento conocido por las autoridades revela que las entidades investigadas habrían impuesto más de 7,5 millones de comparendos mediante estos sistemas tecnológicos. De ellos, 1.582.398 ya fueron pagados por los ciudadanos, lo que representa recaudos superiores a 1,05 billones de pesos. Además, el consolidado muestra que 5.958.238 comparendos pendientes tendrían que ser revocados de oficio por las autoridades de tránsito.
Cali, Medellín y Popayán: las ciudades con más fotomultas en revisión
La investigación detalla cuáles son las autoridades con mayores cifras de comparendos que podrían quedar anulados. La Secretaría de Movilidad de Cali encabeza el listado con 2.324.499 fotomultas que tendrían que ser revocadas, además de recaudos por más de 292.228 millones de pesos. Le sigue Medellín, con 570.315 comparendos bajo revisión y recaudos superiores a 62.415 millones de pesos. Otro caso que llama la atención es Popayán, donde la Secretaría de Tránsito Municipal acumula 551.162 comparendos que podrían quedar sin validez, con recaudos cercanos a 69.490 millones de pesos.
Otras cifras elevadas incluyen:
- Cundinamarca: 297.507 comparendos a revocar.
- Sabaneta: 258.117 comparendos.
- Los Patios: 249.761 comparendos.
- Bogotá: 186.543 comparendos, con recaudos de más de 70.773 millones de pesos.
- Barranquilla: 125.332 comparendos.
- Bello: 90.374 comparendos.
¿Por qué investigan las fotomultas?
Según el Ministerio de Transporte, las investigaciones apuntan a posibles incumplimientos de requisitos técnicos obligatorios establecidos en la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718. La principal irregularidad detectada está relacionada con el concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología, documento indispensable para garantizar la legalidad y confiabilidad de las cámaras. La Superintendencia encontró tres escenarios: 12 organismos habrían operado sin contar con concepto técnico, 7 habrían usado conceptos expedidos a terceros, y 18 comenzaron a operar antes de obtener el aval correspondiente.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que esta actuación "marca un precedente histórico". "Hoy el Gobierno Nacional le dice al país que las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley. Cuando no se cumplen los requisitos técnicos y legales, los ciudadanos no pueden ser los que paguen las consecuencias", afirmó. Por su parte, el superintendente Alfredo Piñeros aclaró que la medida no busca eliminar las cámaras de tránsito, sino garantizar que funcionen conforme a la ley. "No estamos actuando contra la seguridad vial. Estamos actuando contra posibles irregularidades que afectan la legalidad y la confianza ciudadana", señaló.
El informe también advierte que las entidades investigadas podrían enfrentar sanciones equivalentes al doble de lo recaudado, una cifra que superaría los 2,1 billones de pesos.
