El Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte, ha iniciado una investigación administrativa contra 37 organismos de tránsito en todo el país por presuntas irregularidades en la operación de los sistemas automáticos de detección de infracciones, conocidos como fotomultas. Las autoridades detectaron posibles fallas en el cumplimiento de los requisitos técnicos obligatorios establecidos por la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio de Transporte, especialmente en lo relacionado con el concepto de desempeño emitido por el Instituto Nacional de Metrología, documento indispensable para la legalidad de los dispositivos.
Ciudades bajo investigación
De acuerdo con los datos oficiales del Ministerio de Transporte, se identificaron fallas específicas en la documentación de los equipos. Doce oficinas de tránsito comenzaron a operar sin el concepto de desempeño, siete funcionaron con permisos de terceros y 18 obtuvieron los documentos técnicos después de haber iniciado las operaciones. Las investigaciones afectan a capitales y municipios como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Villavicencio, Cartagena, Bucaramanga, Valledupar, Montería, Sincelejo, Soledad, Sabaneta y Villa del Rosario.
La ministra de Transporte, Mafe Rojas, declaró que “las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley”. Según la funcionaria, cuando no se cumplen las exigencias normativas, los conductores no deben asumir las consecuencias de los fallos institucionales.
Cifras de comparendos y recaudo
Los organismos implicados aplicaron más de 7,5 millones de comparendos. De ese total, 1.582.398 sanciones ya fueron pagadas por los ciudadanos, lo que representa un recaudo superior a 1,05 billones de pesos. La Superintendencia de Transporte confirmó que 5.832.906 comparendos que aún no han sido pagados perderán toda validez legal y serán revocados de oficio, beneficiando a más de 1,4 millones de personas.
El superintendente de Transporte, Alfredo Piñeros, explicó que las acciones buscan devolver la confianza y garantizar el debido proceso, señalando que “ninguna cámara de fotodetección puede operar sin cumplir los requisitos técnicos y jurídicos exigidos por la ley”. El reporte oficial detalla que Cali encabeza la lista con 2,7 millones de infracciones, seguida de Medellín con más de 717 mil, Bogotá con cerca de 294 mil y Barranquilla con más de 131 mil.
Proceso de devolución del dinero
Para los ciudadanos con sanciones pendientes dentro de los periodos investigados, el Ministerio de Transporte aclaró que no es necesario realizar ninguna gestión individual, ya que las secretarías eliminarán los registros de sus sistemas de forma automática. En cambio, quienes ya pagaron la multa deben presentar una solicitud formal ante la oficina de tránsito que impuso la sanción. La ministra Rojas indicó que las entidades deberán habilitar mecanismos virtuales, como ventanillas digitales o correos electrónicos, para facilitar la devolución.
De confirmarse las irregularidades, las entidades enfrentarían la obligación de devolver los fondos recaudados y pagar multas equivalentes al doble del dinero recibido, una cifra global que superaría los 2,1 billones de pesos, según la legislación vigente.
