Gobierno implementa nuevo marco tarifario para servicios de agua y alcantarillado
El Gobierno Nacional, mediante la Resolución CRA 1032 expedida este 24 de marzo, estableció el Nuevo Marco Tarifario para Grandes Prestadores de Acueducto y Alcantarillado, una regulación que aplicará a 189 empresas del sector y beneficiará aproximadamente a 30 millones de usuarios en todo el país.
Cobertura limitada y exclusión de zonas rurales
La nueva normativa presenta una importante limitación: solo cubre a prestadores que atienden más de 5.000 suscriptores, concentrados principalmente en zonas urbanas. Esto significa que alrededor del 40% de los colombianos que habitan en áreas rurales, pequeños municipios o son atendidos por gestores comunitarios quedan excluidos de esta regulación inicial.
"La zona rural no está contemplada en este marco", reconoció Ruth Quevedo, viceministra de Vivienda, durante la rueda de prensa donde se anunció la medida. Las comunidades afectadas deberán esperar hasta mayo para conocer las disposiciones específicas que regularán sus servicios de agua potable.
Cambio fundamental en la facturación de inversiones
Uno de los aspectos más significativos del nuevo marco es la modificación en cómo se facturan las inversiones. Bajo el esquema anterior, las empresas podían cobrar proyectos que nunca ejecutaban, mientras que la nueva regulación establece que las inversiones solo se trasladarán a la factura cuando se materialicen físicamente, con recálculos anuales.
"No tiene sentido que al usuario se le cobre por cosas que no se han hecho, que no se han materializado", señaló Felipe Durán, superintendente de Servicios Públicos, destacando que este cambio debería aliviar la carga económica de muchos hogares colombianos.
Proceso participativo y cronograma de implementación
La ministra de Vivienda, Helga María Hernández, celebró la expedición del marco tarifario como resultado de más de tres años y medio de trabajo con expertos y procesos participativos. "Para mí es un privilegio poder haber sido quien firma la resolución", afirmó la ministra.
El proceso de implementación se desarrollará en tres etapas claramente definidas:
- Etapa de alistamiento: desde la publicación hasta el 30 de junio de 2026
- Etapa de inicio: entre julio y diciembre de 2026
- Primer año tarifario regulatorio: a partir del 1 de enero de 2027
Esto significa que el impacto real en las facturas no se verá antes de 2027, según confirmaron las autoridades.
Incertidumbre sobre variación de tarifas
Pese a las múltiples consultas, los funcionarios fueron evasivos al especificar si las tarifas subirán o bajarán con la nueva regulación. La viceministra Quevedo mencionó que "algunos componentes de la tarifa podrían bajar porque el costo del capital ha descendido en los últimos años", pero no ofreció cifras concretas ni compromisos específicos.
Fortalecimiento del papel regulador del Estado
Robinson Fonseca Chaparro, del Departamento Nacional de Planeación, destacó que este marco fortalece el papel del Estado en la regulación de servicios públicos, dando "garantía hacia los usuarios". La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios será la encargada de vigilar el cumplimiento de metas de calidad, continuidad y cobertura en los 30 millones de hogares beneficiados.
La regulación se fundamenta en una estructura de cuatro segmentos que permite aplicar exigencias y estándares de manera flexible y gradual, reconociendo las limitaciones operativas y realidades socioterritoriales de cada prestador. Este diseño busca adaptarse a factores complejos como la variabilidad climática y el consumo real, permitiendo una transición normativa equilibrada.
Panorama de inversión masiva
Un reporte del Viceministerio con corte al 28 de febrero revela un panorama de inversión significativa que pondrá a prueba la eficacia del Nuevo Marco Tarifario. Existen 1.459 proyectos en evaluación con una bolsa total de $23,5 billones de pesos, de los cuales el 88% ($20,8 billones) se han solicitado como aportes directos de la Nación.
Este marco tarifario representa un avance importante en la regulación de servicios esenciales, pero también evidencia las persistentes desigualdades en el acceso al agua potable entre zonas urbanas y rurales en Colombia, una brecha que deberá abordarse en los próximos meses con regulaciones específicas para las comunidades excluidas.
