Dos días después del anuncio de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, respecto a que los organismos de tránsito de 37 ciudades, incluida Bogotá, deberán revocar fotocomparendos impuestos sin cumplir requisitos previos, se conoció que no se trata de una decisión, sino de un inicio de investigación. Además, la decisión final se podrá conocer en cerca de tres años, luego de que termine dicho proceso y los organismos respectivos hayan podido intervenir, según expertos juristas consultados por EL TIEMPO.
Documento radicado revela apertura de investigación
Este diario conoció el documento que el Mintransporte y la Superintendencia de Transporte radicaron en la Secretaría de Movilidad. Se trata de la Resolución 7073, del 19 de mayo de 2026, que en su encabezado dice: “Por el cual se abre una investigación administrativa y se formulan cargos contra el organismo de tránsito denominado Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá”. A la entidad le revocan 293.869 fotocomparendos impuestos entre el 11 de diciembre de 2018 y el 6 de enero de 2020, y de ellos 107.326 se habrían pagado. El valor total recaudado alcanzó aproximadamente los 70.773 millones de pesos.
Según se lee en el documento de 13 folios, tras revisar la información entregada por el Instituto Nacional de Metrología, la Superintendencia concluyó preliminarmente que la Secretaría de Movilidad sí solicitó el concepto de desempeño de tecnología, pero lo obtuvo después de haber autorizado e iniciado la operación de las cámaras. Para la Super, este concepto técnico es una condición “previa e indispensable” para operar los sistemas SAST.
Declaraciones oficiales y reacciones
Si bien aún no hay una decisión, el martes pasado, en un video, la ministra Rojas afirmó que “siete millones y medio de comparendos fueron impuestos de manera irregular, es decir, sin cumplir los requisitos de la ley y la normativa, entre diciembre de 2018 y noviembre de 2024”. Y a renglón seguido señaló: “Esto tiene unos efectos prácticos: millón y medio de esos comparendos ya fueron pagados. La ley indica que en esos casos se debe pagar por parte de los organismos de tránsito una multa del doble del valor que se cobró en esos comparendos. Ahora, los 6 millones restantes que no han sido pagados por la ciudadanía deben ser revocados, por esa misma razón: se impusieron sin cumplir los requisitos previos”.
Igualmente, en un en vivo con EL TIEMPO, el superintendente de Transporte, Alfredo Piñeres, habló de los resultados de una primera evaluación a 533 dispositivos de fotocomparendos y anunció para la próxima semana resultados de la revisión de otros 758 que están desde noviembre de 2024. Piñeres dijo, además, que la mayoría de los 37 organismos de tránsito vinculados ya habían sido notificados, pero no precisó que fuera un inicio de investigación, como este diario pudo confirmar. No obstante, en un comunicado, la cartera de Transporte sí señaló que “la Supertransporte abrió una investigación por presuntas irregularidades en sistemas de fotodetección”.
Opinión de expertos juristas
EL TIEMPO consultó a expertos juristas sobre lo que implican los anuncios de la ministra Rojas y del superintendente Piñeres en los cuales dan por hecho que los organismos de tránsito, entre ellos la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, impusieron comparendos con dispositivos tecnológicos sin el presunto cumplimiento de requisitos, cuando eso se debe concluir durante una investigación.
Juan José Gómez Urueña, experto jurista y quien ha asesorado a diferentes entidades distritales y nacionales, considera que, si bien la Superintendencia puede adelantar investigaciones administrativas contra las secretarías de Tránsito, y en el desarrollo de estas se determina si incumplieron o no la norma, los pronunciamientos de la Ministra y del Superintendente fueron en el sentido de que ya se había tomado una decisión y que debía devolverse la plata. “Al menos la cabeza de la Superintendencia ya emitió un concepto y, prácticamente, el fallo. Eso lo obliga a apartarse de la investigación administrativa, que debe continuar un superintendente ad hoc”, dice Gómez Urueña, para quien esa investigación puede tardarse alrededor de tres años.
En opinión del jurista, un anuncio de estos es muy llamativo porque hasta ahora la Supertransporte va a iniciar la investigación y porque dos semanas antes de las elecciones presidenciales puede considerarse que lo que buscan es obtener el favor político de los electores con multas de esa naturaleza.
Con esta posición coincide un jurista que asesora a entidades del Gobierno Nacional y que pidió no ser citado. Según el experto, se está enviando el mensaje de una decisión tomada, cuando lo que existe realmente es el inicio de una investigación por una presunta irregularidad. Pero, además, la resolución de 2018 del Ministerio de Transporte no establece la necesidad del concepto previo del Instituto de Metrología. Incluso, dice que si ya había equipos operando, para el momento en que se expidió la resolución, las autoridades de tránsito tenían 6 meses para obtener ese concepto.
El jurista, igualmente, señala que se trata de un caso de hace casi siete años y que, de acuerdo con el Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, la facultad de las autoridades administrativas se extingue tres años después de ocurridos los hechos. Entonces, ya vencieron los términos para que la Superintendencia de Transporte pueda ejercer dicha facultad. “Por ningún lado va a prosperar esa investigación, y el Distrito tampoco se va a dejar imponer una multa por una facultad que ya caducó”, concluyó el jurista, quien coincide con Gómez Urueña en que los pronunciamientos de Rojas y Piñeres tienen una motivación política.
En la misma línea, Juan Pablo Bocarejo, exsecretario de Movilidad de Bogotá y docente universitario, le dijo a este diario que los hechos que se evalúan sucedieron hace 7 años y precisó que la ETB compró esas cámaras en 2019 y las instaló ese año. Solo en 2020 ese sistema empezó a imponer multas. “Por lo tanto, los 294.000 comparendos que se identificaron no corresponden a evidencias tomadas por cámaras y no deben ser invalidados. Es facilísimo comprobar cuando empezaron a operar las Sast en Bogotá”, afirmó Bocarejo.
