La Superintendencia de Transporte ha anunciado un cambio radical en las reglas para obtener la licencia de conducción en Colombia. Bajo el lema de "frenar en seco a los tramposos", la entidad ha puesto en marcha una serie de medidas tecnológicas que prometen erradicar las mafias de certificados falsos y la asistencia "fantasma" a los cursos obligatorios.
Proceso actual para obtener la licencia
Hasta hoy, obtener la licencia de conducción en Colombia ha sido un proceso estandarizado que enfrentaba serias críticas por su vulnerabilidad ante la corrupción. El documento, que acredita a un ciudadano como apto para operar un vehículo, requiere cumplir con tres pilares fundamentales: el examen físico y mental en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC), el curso teórico-práctico en un Centro de Enseñanza Automovilística (CEA) y la validación final ante el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).
Miles de licencias han sido expedidas a personas que nunca pisaron un salón de clases o que, mediante intermediarios conocidos como "tramitadores", lograban saltarse las horas de práctica exigidas por la ley. Esta falta de idoneidad se traduce directamente en las cifras de accidentes de tránsito, que siguen siendo una de las principales causas de muerte violenta en el país.
Tecnología contra el engaño
A través de las recientes Resoluciones 2877, 2878 y 2879 de 2026, la Superintendencia de Transporte modernizó el Sistema de Control y Vigilancia (SICOV). La gran novedad es la implementación obligatoria del reconocimiento facial en tiempo real. A partir de ahora, tanto los estudiantes como los instructores deberán validar su identidad mediante biometría facial al inicio, durante y al final de cada sesión de formación.
Sanciones para quienes incumplan
La implementación será gradual. Los Centros Integrales de Atención (CIA) y Organismos de Tránsito tienen un plazo de tres meses para adaptar sus plataformas, mientras que los CEA, CDA y CRC contarán con seis meses. Para aquellos que intenten burlar estas nuevas barreras, las consecuencias serán severas. La ley colombiana contempla multas de hasta 100 salarios mínimos y la suspensión de la licencia por hasta tres años. Además, cualquier indicio de suplantación o falsedad en documento público será trasladado de inmediato a la Fiscalía General de la Nación para procesos penales.
