Protestas en Santander por incrementos catastrales desatan crisis vial e institucional
El panorama en Santander se tornó extremadamente complejo durante los últimos días, con vías completamente bloqueadas, pérdidas económicas que alcanzan cifras millonarias, abusos contra ciudadanos y una evidente incompetencia institucional. Esta situación crítica se desató como consecuencia directa de las masivas protestas generadas por el incremento significativo en los avalúos catastrales y en las tarifas que varios municipios están aplicando para el cobro del impuesto predial.
Reacción tardía y desacertada de las autoridades
La reacción por el manejo, si es que puede calificarse como tal, que las autoridades le dieron a este delicado tema no se hizo esperar, aunque lamentablemente llegó demasiado tarde. La situación alcanzó tal nivel de tensión que incluso algunos sectores reclamaron el uso de la fuerza pública para terminar con los bloqueos viales, ignorando por completo las lecciones que dejó el estallido social de 2021.
No existe forma alguna de deslegitimar el derecho fundamental a la protesta que tienen todos los ciudadanos, quienes pueden reunirse pública y pacíficamente para expresar su inconformidad. Sin embargo, lo que carece completamente de sentido es que el ejercicio de esta prerrogativa cause un perjuicio mayor que el problema que originó la movilización.
La reacción tardía de las autoridades ante una problemática de la que estaban suficientemente enteradas, sobre la cual se les había advertido desde diversos sectores sociales y económicos, y que no afrontaron de manera oportuna, tampoco encuentra justificación alguna.
Dos escenarios que explican la controversia
La inconformidad ciudadana estuvo más que justificada según analistas. El incremento en el avalúo catastral, que constituye la base gravable del impuesto predial y que deriva de la aplicación de un artículo específico del Plan de Desarrollo del actual gobierno nacional, funcionó como el primer detonante de la crisis.
Como si este factor no fuera suficiente, varios municipios de Santander desbordaron los límites establecidos por la normativa que regula el incremento de la tarifa del tributo predial. En este punto crítico estalló todo el conflicto social.
Existen dos escenarios fundamentales que explican la controversia y conviene diferenciarlos con precisión:
- El avalúo catastral: Corresponde al valor técnico de un predio resultante de un ejercicio especializado a cargo del gestor catastral correspondiente.
- La tarifa del impuesto predial: La definen y liquidan exclusivamente los municipios por tratarse de una renta propia de carácter local.
Responsabilidades técnicas y municipales
Las inconsistencias que se presenten en la determinación del avalúo catastral las debe resolver necesariamente el gestor catastral correspondiente. En el departamento de Santander existen tres entidades con esta responsabilidad:
- El Área Metropolitana de Bucaramanga, para los inmuebles ubicados en Bucaramanga, Girón y Piedecuesta.
- El municipio de Floridablanca, exclusivamente para los predios ubicados dentro de esa ciudad.
- El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), para todos los demás municipios del departamento.
Este constituye esencialmente un escenario de carácter técnico que requiere soluciones especializadas.
Por otro lado, la determinación de la tarifa del impuesto predial es competencia exclusiva de cada municipio. La base para este cálculo es precisamente el avalúo catastral, mientras que la normativa vigente impone límites muy precisos: el incremento anual no puede superar bajo ninguna circunstancia el 50% o el 100% del monto liquidado durante el año inmediatamente anterior.
Este aspecto representa un asunto fundamental de equidad y justicia tributaria, configurando un escenario jurídico y político de alta complejidad que las autoridades deben abordar con responsabilidad.
Presión social saca a autoridades del letargo
La intensa presión social finalmente logró sacar a las autoridades del letargo en el que se encontraban sumidas, aunque en la actualidad siguen enfrentadas entre sí y dando tumbos en la búsqueda de soluciones efectivas.
Mientras la protesta social mantiene su legitimidad constitucional, resulta imperativo recordar que esta no justifica bajo ningún concepto que se utilice para agravar el mismo problema que busca resolver, creando un círculo vicioso de conflictividad que perjudica a toda la comunidad santandereana.
