San Gil enfrenta orden judicial para regular reductores en vital vía municipal
La movilidad en San Gil se encuentra en el centro de una decisión judicial que podría transformar la circulación en una de sus principales arterias viales. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de San Gil ha emitido una sentencia que obliga al municipio a realizar estudios técnicos exhaustivos sobre los reductores de velocidad instalados en la carrera 19, una vía cuyo uso e importancia han crecido significativamente desde su pavimentación completa en junio de 2023.
Plazo improrrogable para estudios técnicos
En la resolución del 27 de marzo, el juzgado estableció un plazo de seis meses "improrrogables" para que la Alcaldía de San Gil adelante todos los trámites administrativos y presupuestales necesarios para contratar estudios de ingeniería de tránsito especializados. Estos análisis deben determinar con precisión científica si realmente se requiere la ubicación de resaltos horizontales en este trayecto, evaluar si los existentes deben mantenerse, adecuarse o retirarse completamente, y definir el tipo específico de reductor que cumpla con todas las normativas técnicas nacionales.
El fallo judicial especifica que los estudios deben considerar "el tipo de reductor, dimensiones, medidas, ángulos de inclinación, señalización preventiva de proximidad y demás parámetros técnicos aplicables", todo conforme al Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte. Esta decisión surge en el marco de una acción popular que busca proteger los intereses colectivos relacionados con el uso adecuado y seguro del espacio público.
Problemas de instalación comunitaria y riesgos viales
La investigación judicial reveló una situación preocupante: muchos de los reductores de velocidad instalados en la carrera 19, particularmente en el tramo entre las carreras 9, 10 y 11, no cuentan con respaldo contractual ni autorización municipal. Según Héctor Ardila Sandoval, secretario de Tránsito de San Gil, estos elementos ya estaban instalados cuando asumió su cargo en 2024, y la información disponible sugiere que fueron colocados por iniciativa comunitaria.
El funcionario reconoció que este sector presenta altos índices de riesgo vial debido a:
- Elevada transitividad vehicular
- Exceso de velocidad, especialmente de motociclistas
- Numerosos accidentes registrados
- Elementos que no cumplen normatividad técnica
Uno de los puntos más críticos identificados es la conexión con el barrio José Antonio Galán, donde las altas velocidades han generado múltiples incidentes de accidentalidad.
Vulneración de derechos colectivos y perspectivas futuras
El juzgado determinó que el municipio vulneró derechos colectivos fundamentales, incluyendo el goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público, el derecho a la seguridad pública y la prevención de desastres técnicamente previsibles. Esta declaración judicial marca un precedente importante para la gestión del espacio vial en la región.
Marco Antonio Velásquez, ciudadano que interpuso la acción popular, argumentó que la carrera 19 funciona como "una vía rápida de descongestión" donde la solución no radica en los llamados "policías acostados". Según su perspectiva, "lo que se necesita es agentes de tránsito, cámaras de foto multas", medidas que han demostrado efectividad en otras ciudades del país.
La importancia estratégica de la carrera 19 se ha incrementado notablemente desde que en junio de 2023 se completó su pavimentación entre las calles 10 y 4, conectando así el barrio Villa Olímpica con el sector de José Antonio Galán y consolidando lo que se conoce como el anillo vial externo del municipio. Esta infraestructura ha transformado la movilidad regional, pero requiere ahora una regulación técnica adecuada que garantice seguridad sin comprometer fluidez.
La Secretaría de Tránsito confirmó que estudiará detenidamente el fallo para garantizar su cumplimiento, iniciando con la solicitud formal al Gobierno Municipal para la contratación de los estudios técnicos requeridos. Este proceso marcará un punto de inflexión en la gestión de la movilidad san gilense y establecerá estándares técnicos para futuras intervenciones en la infraestructura vial municipal.
