Desde la promulgación del artículo 31 de la Ley 115 de 1994, todo colombiano tiene derecho a aprender ciencias económicas en el colegio. No se trata de una materia optativa, ni de un relleno en el plan de estudios, ni de algo reservado para quienes algún día estudiarán administración o economía. Es un derecho de todos los colombianos que llegan a décimo u once grado: el derecho, al menos, a entender cómo funciona el mundo en el que vivirán. Treinta años después, ese derecho sigue siendo más promesa que realidad. Resulta frustrante que en muchos colegios ya existan profesores y espacio dentro del proyecto pedagógico para hacerlo posible, pero la calidad de esta enseñanza no es clara.
El debate sobre el Banco de la República
Recientemente, el ministro de Hacienda abandonó la junta del Banco de la República en señal de protesta por una decisión técnica sobre tasas de interés. Decanos de siete universidades respondieron defendiendo la independencia del banco central. Columnistas hablan de institucionalidad, de pesos y contrapesos, de la diferencia entre tecnocracia y democracia. El debate es real, pero es inaccesible para la mayoría de los colombianos.
En el fondo hay dos posiciones legítimas. Una sostiene que las decisiones de política monetaria deben quedar en manos de técnicos independientes, blindados de la presión política de turno. La otra argumenta que, en una democracia, las decisiones que afectan el costo del crédito, el empleo y el costo de vida no pueden estar completamente divorciadas del mandato popular. Ambas posiciones tienen sustento. Ambas requieren que el ciudadano entienda qué es un banco central, qué es la tasa de interés de referencia, qué es la inflación y por qué importa, qué significa la independencia institucional y cuál es la diferencia entre un organismo técnico y uno político. Sin ese piso conceptual, el ciudadano no puede evaluar quién tiene razón. Solo puede tomar partido por lo que diga su influencer de cabecera, o por simpatía ideológica.
El piso conceptual de las ciencias económicas
Ese piso conceptual se llama ciencias económicas y debería enseñarse en cada colegio del país desde hace tres décadas. Pero la educación media colombiana hace tiempo renunció a cumplir ese mandato con seriedad. Un bachiller promedio termina doce años de escolaridad sin saber qué hace el Banco de la República, sin haber discutido la diferencia entre poder ejecutivo y órganos independientes, sin haber leído un artículo de opinión en clase y evaluado sus argumentos con herramientas críticas.
Esto no es un problema de inteligencia ni de interés. El problema es de calidad: docentes que en muchos casos no tienen formación específica en economía, materiales desactualizados que describen el mundo de hace veinte años y poco énfasis en la comprensión y análisis de los temas. La obligatoriedad se convierte más en una formalidad; entonces la materia aparece en el horario, se registra en el boletín y no deja rastro en la cabeza del bachiller que egresa.
Consecuencias para el debate público
Cuando los ciudadanos no tienen herramientas para evaluar argumentos sobre institucionalidad, el debate público se degrada. Esto es exactamente lo que les conviene a quienes politizan cualquier tema técnico: una ciudadanía que no puede distinguir entre un argumento sólido y una consigna. El rol de la educación media no se trata de convertir cada bachiller en economista. Se trata de formar lo que los teóricos de la democracia llaman ciudadano competente: alguien que pueda leer el periódico, identificar los intereses en juego, reconocer los argumentos y tomar posición con criterio propio.
Para eso, la escuela debería enseñar a leer con actitud crítica; incluir nociones básicas de economía aplicada a la vida cotidiana: inflación, crédito, gasto público, impuestos; y explicar cómo funciona el Estado colombiano en la práctica. Asimismo, crear el hábito de la deliberación: debatir en clase con argumentos, escuchar posiciones contrarias. Nada de eso es radical ni costoso; es más, ya se encuentra en nuestra ley de educación.
Una democracia plena requiere ciudadanos competentes
El debate sobre el Banco de la República pasará, como pasaron los anteriores y como pasarán los que vienen: las reformas sociales, el presupuesto nacional, los tratados comerciales, la regulación ambiental. Debates que al final determinan la calidad de vida de millones de personas. Y en cada uno de ellos, la mayoría de los colombianos llegará al mismo lugar: escuchando, sin las herramientas para discernir quién tiene razón.
Una nación que no puede deliberar sobre su propio diseño institucional no es una democracia plena. Es una democracia de fachada, donde el pueblo vota, pero no gobierna porque nunca aprendió a entender qué está en juego. La Ley 115 ya escribió parte de la solución hace treinta años. Lo que falta no es una norma nueva, es la decisión de tomarse en serio la que ya existe.
* Investigador del Laboratorio de Economía de la Educación -LEE de la Pontificia Universidad Javeriana.
