Fecode exige respuestas por irregularidades en pago de prima de mitad de año a docentes
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, ha elevado su voz para exigir respuestas claras ante las graves inconsistencias que mantienen en vilo el pago de la prima de mitad de año a los docentes del país. Este caso, que ya ha llegado hasta la Fiscalía General de la Nación para las investigaciones correspondientes, tiene profundamente preocupados a miles de profesores que esperan el reconocimiento de este beneficio por su labor en los colegios públicos colombianos.
Un derecho histórico en entredicho
La prima de mitad de año fue creada mediante la Ley 91 de 1989, estableciendo que los profesores tienen derecho a una pensión de jubilación equivalente al 75% de su salario mensual promediado del último año, más una "prima de medio año" cuyo valor corresponde a una mesada pensional completa. Sin embargo, para el Magisterio colombiano, este beneficio pareció eliminarse con la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005.
Posteriormente, el Consejo de Estado precisó que esta prima no desapareció por completo, ya que la reforma constitucional incluyó excepciones que permiten su reconocimiento a un grupo específico de docentes que cumplan determinadas condiciones establecidas.
Según ha explicado Fecode en múltiples ocasiones, el pago de esta prima debe efectuarse exclusivamente a los profesores que fueron nombrados entre el 1 de enero de 1981 y el 26 de junio de 2003, que no hayan obtenido el reconocimiento de la pensión gracia, que se hayan pensionado antes del 31 de julio de 2011 y cuya mesada pensional sea igual o inferior a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Hallazgos alarmantes del Fomag
El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag, administrado por Fiduprevisora, ha informado sobre la detección de presuntas irregularidades en los pagos realizados por este concepto, generando una nueva controversia en torno a este sensible tema.
Esta entidad, responsable del reconocimiento y pago de prestaciones sociales, cesantías y pensiones de los docentes del país, indicó que adelantó una revisión interna exhaustiva tras la llegada de su nuevo director. Los resultados, dados a conocer el 16 de febrero de 2026, han encendido todas las alarmas del sector educativo.
De acuerdo con el informe presentado por el Fomag, en agosto de 2025 se emitió un concepto jurídico que cambió radicalmente la interpretación que venía aplicándose sobre la prima, sin que mediara una reforma legal ni una sentencia de unificación que modificara la línea jurisprudencial consolidada hasta ese momento.
Entre los años 2024 y 2025 se desembolsaron la considerable suma de $458.799 millones por este concepto; no obstante, se habrían identificado graves inconsistencias por $260.437 millones, lo que representa el alarmante 56,8% de los recursos girados durante ese período.
Irregularidades específicas detectadas
Entre los hallazgos más relevantes presentados por el Fomag se encuentran:
- 4.405 pagos efectuados a personas que ya contaban con sentencia judicial ejecutoriada que les negaba expresamente el derecho, por un monto superior a $83.082 millones.
- Casos de beneficiarios con pensión gracia o doble pensión simultánea.
- Docentes vinculados por fuera del rango legal establecido para acceder al beneficio.
- Pensionados que superaban claramente los topes constitucionales permitidos.
- Registros de personas fallecidas que no habían sido retiradas de la base de datos de beneficiarios.
Adicionalmente, el Fondo advirtió sobre demandas promovidas por firmas de abogados sin el cumplimiento de los requisitos legales mínimos y sobre la presunta entrega irregular de una base de datos con información de 9.000 docentes a un abogado particular. Por estos graves hechos, presentó denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación contra el profesional involucrado y contra todas aquellas personas que autorizaron los pagos cuestionados.
"Será la autoridad competente quien determine la eventual existencia de conductas punibles", indicó la entidad en su comunicado oficial, dejando claro que corresponde a la justicia colombiana establecer responsabilidades en este complejo caso.
Posiciones institucionales frente a la crisis
Fecode, que agrupa a más de 270.000 docentes en todo el territorio nacional, ha respaldado públicamente la realización de investigaciones exhaustivas y ha reiterado su defensa inquebrantable de la sostenibilidad del Fondo. No obstante, la federación ha insistido en que la prima constituye un derecho legal irrenunciable para quienes cumplen estrictamente con los requisitos establecidos y ha pedido que esta situación no afecte injustamente a los maestros pensionados que sí tienen derecho al beneficio.
Asimismo, la organización magisterial ha exigido respeto absoluto por el debido proceso y total transparencia en la revisión de cada caso particular, reconociendo la complejidad administrativa y jurídica que rodea este tema.
Por su parte, Herman Bayona Abello, presidente del Fomag, sostuvo que las acciones emprendidas por la entidad no buscan desconocer legítimos derechos del Magisterio colombiano, sino proteger los recursos del Fondo y evitar posibles perjuicios económicos y jurídicos para los docentes en el mediano y largo plazo.
Esta situación mantiene en incertidumbre a miles de educadores pensionados que dependen de estos recursos para su sustento, mientras las autoridades judiciales y administrativas avanzan en la investigación de lo que podría constituir uno de los casos más significativos de irregularidades en el sistema de prestaciones sociales del magisterio colombiano en los últimos años.
