Impacto multimillonario del impuesto al patrimonio en universidades privadas colombianas
El sector de la educación superior en Colombia enfrenta una situación crítica tras la emisión del decreto 0173 por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, estableciendo el impuesto al patrimonio en el marco de la emergencia económica. Esta medida ha generado una profunda preocupación entre las instituciones de educación superior privadas, que deberán desembolsar montos significativos que podrían afectar su sostenibilidad operativa.
Preocupación del sector educativo
La Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) ha manifestado su alarma ante esta disposición gubernamental, estimando que el impacto financiero total ascenderá a aproximadamente $135.000 millones de pesos. Lo más preocupante, según la asociación, es que estas instituciones operan como organizaciones sin ánimo de lucro, y su patrimonio no representa riqueza líquida sino infraestructura educativa como laboratorios, aulas y auditorios al servicio de la comunidad.
"El patrimonio y la gestión responsable que tienen las IES sin ánimo de lucro permite sostener y garantizar su calidad, además de programas de becas, subsidios internos, alivios financieros y fondos de permanencia estudiantil", explicó Ascun en un comunicado oficial.
Detalles del impuesto y su aplicación
De acuerdo con el decreto, todas las personas jurídicas con un patrimonio líquido superior a las 200.000 UVT (equivalente a $10.474 millones de pesos según cálculos de 2026) deberán pagar el impuesto al patrimonio, establecido en el 0,50 por ciento. Esta disposición afectaría a entre 75 y 92 instituciones de educación superior en todo el país, según diferentes estimaciones.
El padre Harold Castilla, rector de Uniminuto y vicepresidente de Ascun, expresó su desacuerdo con la medida: "No es justo y es conceptualmente equivocado presentarlas (a las universidades) como un conglomerado de élite desconectado de la realidad social".
Consecuencias para el sistema educativo
La asociación advierte que los efectos de este impuesto podrían ser sumamente graves para la sostenibilidad del sistema de educación superior. Según sus cálculos, con los $135.000 millones que las universidades deberán pagar, se podrían financiar aproximadamente 15.000 cupos de educación superior y miles de becas para estudiantes de menores ingresos.
"Reducir esta capacidad puede afectar directamente el cumplimiento de su objeto social afectando a miles de estudiantes, docentes y comunidades", señaló Ascun en su pronunciamiento.
Universidades con mayores obligaciones tributarias
Un informe del Observatorio de la Universidad Colombiana reveló las instituciones que enfrentarán las cargas tributarias más significativas. Es importante destacar que las universidades públicas y las instituciones del sector salud están exentas de este impuesto, por lo que solo afecta a instituciones privadas.
La información financiera, correspondiente mayoritariamente a datos de 2024, indica que al menos 92 instituciones de educación superior cumplen con el requisito patrimonial para ser gravadas. El Observatorio advierte que probablemente existan al menos otras 4 IES que podrían pagar el impuesto, dado que su patrimonio líquido hace dos años estaba muy cerca del umbral establecido.
Lista de las principales universidades afectadas
Estas son las instituciones que enfrentarán los montos más altos de pago según el informe del Observatorio:
- Universidad Externado de Colombia: $23.466'080.000
- Pontificia Universidad Javeriana: $9.115'382.675
- Universidad Pontificia Bolivariana: $8.202'355.000
- Universidad de Los Andes: $8.133'238.910
- Universidad de Medellín: $5.532'158.075
- Universidad Santiago de Cali: $4.725'648.260
- Universidad Santo Tomás: $4.615'178.850
- Universidad Libre: $3.740'170.000
- Universidad Católica de Colombia: $3.269'477.315
- Universidad EAFIT: $3.234'328.615
Naturaleza especial de las universidades privadas
Ascun enfatizó que las universidades privadas en Colombia operan bajo el Régimen Tributario Especial y sus excedentes se reinvierten íntegramente en la mejora de sus funciones sustantivas. "Gravar el patrimonio social de estas instituciones ignora su naturaleza y las equipara a empresas comerciales con capital distribuible, cuando en realidad su patrimonio es un instrumento para garantizar el derecho a la educación", argumentó la organización.
El patrimonio institucional, compuesto por activos como bibliotecas, hospitales universitarios y laboratorios, no representa dinero en efectivo sino herramientas fundamentales para la formación académica y la investigación científica.
Impacto a largo plazo
La posibilidad de mantener patrimonios institucionales sólidos ha sido históricamente una condición clave para sostener proyectos de investigación, innovación y desarrollo científico de largo plazo en el país. La aplicación de este impuesto podría comprometer estas iniciativas y afectar la calidad educativa que ofrecen estas instituciones.
El sector educativo superior colombiano se encuentra en un momento crucial, donde decisiones fiscales como esta podrían tener repercusiones significativas en el acceso a la educación, la calidad académica y el desarrollo científico del país en los próximos años.
