Defensa de Ramsés Vargas y Mineducación apelan restitución de Silvia Gette en la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe
La defensa del exrector Ramsés Vargas Lamadrid y el Ministerio de Educación Nacional presentaron formalmente recursos de apelación contra la decisión del Juez Segundo Penal Municipal de Barranquilla, quien ordenó el restablecimiento de derechos a favor de Silvia Gette Ponce para que reasuma la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe, cargo que ocupó hasta mayo de 2013.
Argumentos centrales de la defensa
Durante su intervención, Vargas Lamadrid calificó la decisión del juez de primera instancia como una "sentencia encubierta", señalando que el despacho judicial transformó hipótesis en certezas sin que el proceso penal haya superado su etapa inicial. El exrector sostuvo que el juez se basó en un informe grafológico inexistente en el traslado del proceso para fundamentar una presunta falsedad en las actas de su elección en 2013.
"El despacho reconoce que la entidad presuntamente engañada fue el Ministerio de Educación; sin embargo, concluye que Silvia Gette es la víctima. Esta inconsistencia vicia de nulidad la decisión por falta de motivación coherente", explicó Vargas Lamadrid durante su sustentación.
Además, enfatizó que la desvinculación de Gette en 2013 se dio bajo el Código Sustantivo del Trabajo, debido a una detención preventiva superior a 30 días, lo que situaría el conflicto en la jurisdicción laboral y no en la penal, cuestionando así la competencia del juez penal para resolver este asunto.
Inhabilidades y contexto institucional
Vargas recordó que al asumir el cargo en 2013, la universidad cumplía solo con el 64% de los indicadores y enfrentaba una severa crisis financiera con infraestructura deteriorada. Argumentó que Gette no cumple con los requisitos estatutarios para ser rectora debido a sus condenas penales, incluyendo el soborno a alias 'Don Antonio', y sanciones disciplinarias vigentes.
Según el exrector, el juez de primera instancia omitió deliberadamente el contexto de corrupción que rodeaba la gestión anterior, mencionando que Gette mantenía familiares en cargos directivos y contratos estratégicos dentro de la institución, lo que configuraba graves conflictos de interés.
Oposición firme del Ministerio de Educación
El Ministerio de Educación Nacional también radicó su apelación, advirtiendo que la orden de reintegro es "jurídicamente imposible". La entidad señaló que la Universidad Autónoma del Caribe se encuentra actualmente bajo vigilancia especial y cuenta con un rector designado mediante actos administrativos que gozan de presunción de legalidad.
"La decisión desconoce el marco legal de la intervención estatal sobre la institución", subrayó la representación del Gobierno, añadiendo que el juez penal se extralimitó en sus funciones al anular actas del Consejo Directivo y la Sala General desde el año 2013, tareas que corresponden exclusivamente a la jurisdicción civil o administrativa.
Antecedentes del proceso penal
El conflicto judicial se origina en una investigación de la Fiscalía 32 de Patrimonio Económico, que en noviembre de 2025 imputó a Vargas Lamadrid y a miembros del Consejo Directivo de 2013 -Mariano Romero, Paul García y Arturo González- por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado.
La tesis del ente acusador sostiene que la elección de Vargas fue irregular, pues los estatutos dictaban que la suplencia debía ser asumida por el vicerrector ante la licencia de Gette. A partir de este proceso penal, el juez de control de garantías consideró a Silvia Gette como víctima de un desalojo "ilegal" de la rectoría, lo que motivó la orden de restablecimiento de derechos ahora impugnada.
La decisión final queda en manos de un juez de segunda instancia, quien deberá determinar si confirma o revoca el polémico reintegro, en un caso que ha generado intenso debate jurídico y académico en la región Caribe.
