Crisis institucional en la Universidad Nacional de Colombia por disputa en la rectoría
La Universidad Nacional de Colombia (UNAL) se encuentra sumida en una profunda crisis institucional que amenaza con desestabilizar su funcionamiento. Un sector de la comunidad universitaria, liderado por el Sindicato Mixto de Trabajadores de las Universidades Públicas Nacionales (Sintraunal), ha desplegado una serie de protestas y acciones para imponer su voluntad, rechazando la designación del rector José Ismael Peña y promoviendo un nuevo paro académico.
Antecedentes legales y conflictos judiciales
La situación se origina tras dos sentencias del Consejo de Estado y un fallo adicional del Tribunal Superior de Cundinamarca, los cuales no han logrado resolver los conflictos sobre la designación del rector de esta importante institución pública. Con el apoyo de las antiguas directivas, incluyendo al exrector Leopoldo Múnera, Sintraunal ha llevado a cabo una campaña continua para deslegitimar estas decisiones judiciales, incluso invitando a la comunidad universitaria a desobedecer la tutela que permitió la posesión del profesor Peña.
Desde el año pasado, el sindicato ha colocado pancartas en las vallas exteriores de la universidad con mensajes agresivos y desafiantes. Antes de que la elección de Múnera fuera anulada, afirmaban que el Consejo de Estado quería entregar la universidad a "fachos y comerciantes". Tras conocerse la decisión, proclamaron que en la UNAL manda la comunidad universitaria, no los tribunales.
Desafíos a la autonomía y la libertad de expresión
Las pancartas actuales sostienen que Peña es rector legalmente debido a "cortes uribistas", pero lo consideran ilegítimo por no haber sido elegido por la comunidad. Además, promueven la idea de que todo el poder debe residir en una "Constituyente", un cuerpo consultivo creado para discutir reformas universitarias, al estilo de los jacobinos durante la Revolución Francesa. Sintraunal reitera su lema: "¡¡¡La Nacho se respeta!!!", reflejando un tono desafiante.
Esta postura cuestiona la concepción de autonomía universitaria, equiparándola a una soberanía que estaría por encima de la Constitución y la ley. En un Estado de derecho, ninguna autonomía, ya sea personal o institucional, puede exceder el marco legal establecido por los jueces y tribunales. Sin embargo, algunos sectores dentro de la UNAL parecen haber perdido de vista este principio fundamental, priorizando una "legitimidad" comunitaria sobre la legalidad.
Implicaciones y riesgos para el futuro de la universidad
El culmen de esta crisis es la acción de grupos que buscan refundar la Universidad Nacional mediante una constituyente de dudosa legitimidad, cuya composición fue decidida de manera sesgada y sin una deliberación adecuada. Temen someter sus propuestas a una votación electrónica entre profesores y estudiantes, lo que evidencia una falta de confianza en procesos democráticos.
Paralelamente, se ha desquiciado la libertad de expresión, con Sintraunal y las antiguas directivas argumentando que sus pancartas están protegidas por este derecho. No obstante, en Colombia, la censura previa está prohibida, pero ningún derecho fundamental es absoluto; debe ponderarse con otros deberes constitucionales, como colaborar con el buen funcionamiento de la justicia. La invitación a desacatar decisiones judiciales podría configurar el delito de fraude a resolución judicial, agravando la situación.
El objetivo inmediato de estas protestas es forzar la salida del rector Peña, mientras que la meta más ambiciosa es refundar la universidad. Expertos advierten que personas que muestran desprecio por la Constitución y el Estado de derecho podrían convertir la UNAL en una tribuna para difundir doctrinas perniciosas, socavando su integridad académica y su papel en el país.
En resumen, la Universidad Nacional enfrenta un momento crítico donde la autonomía, la libertad de expresión y el respeto a las instituciones judiciales están en juego, con consecuencias potencialmente graves para la educación superior en Colombia.
