Protestas y críticas políticas por presencia de Juliana Guerrero en Consejo Superior de la UPC
Durante la jornada del lunes 6 de abril, el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar celebró una sesión crucial en su campus principal. Este organismo, reconocido como la máxima instancia decisoria en las universidades públicas colombianas, abordó temas fundamentales para el desarrollo institucional.
Aprobación de nueva sede en La Jagua de Ibirico
El punto central de la agenda fue la aprobación definitiva para la creación de una sede universitaria en el municipio de La Jagua de Ibirico. Roberto Romero, rector de la institución, manifestó su satisfacción con esta determinación histórica. "Los principales beneficiados serán los jóvenes de la región", afirmó el directivo, "quienes ahora podrán acceder a formación profesional de calidad sin necesidad de desplazarse a centros urbanos distantes".
Intervención polémica y reacciones inmediatas
Juliana Guerrero, designada como representante del presidente Gustavo Petro ante el consejo, tomó la palabra durante las deliberaciones. En su intervención, la funcionaria argumentó que "el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, no puede determinar requerimientos específicos ni asignar recursos para una sede que aún no existe formalmente". Según su perspectiva, corresponde primero a la universidad desarrollar los programas académicos y establecer las necesidades concretas.
Sin embargo, su participación desencadenó reacciones inmediatas entre los asistentes. Numerosos espectadores comenzaron a protestar audiblemente mediante gritos y chiflidos, manifestando su descontento con la presencia de Guerrero en el órgano directivo.
Críticas desde el ámbito político
El malestar trascendió el ámbito universitario y generó pronunciamientos de figuras políticas nacionales. Jennifer Pedraza, representante a la Cámara y senadora electa, expresó contundentemente: "Presidente Gustavo Petro, usted actúa con desfachatez al mantener a Juliana Guerrero como su delegada en la Universidad Popular del Cesar". La congresista añadió que "esta designación representa un ataque contra la educación pública, al entregar su dirección a personas vinculadas con actos de corrupción".
Claudia Margarita Zuleta, senadora electa por el Centro Democrático, se sumó a las críticas señalando que "constituye una vergüenza que Juliana Guerrero ocupe un puesto en el Consejo Superior de la UPC". La parlamentaria cuestionó los criterios de selección del gobierno actual, afirmando que "en esta administración no prima el mérito profesional, sino las conexiones políticas y el padrinazgo".
Fundamento legal y posición institucional
Frente a la controversia generada, el rector Roberto Romero concedió una entrevista a Caracol Radio donde explicó los aspectos normativos que regulan la situación. El directivo recordó que, conforme al mandato establecido en la Ley 30 de 1992, los consejos superiores universitarios deben integrarse con diversas representaciones institucionales.
"Como consejo superior carecemos de competencia legal para cuestionar decisiones presidenciales de designación", afirmó Romero. "Actualmente no existe ninguna medida restrictiva que impida a Juliana Guerrero ejercer su cargo, y nuestros estatutos universitarios tampoco contemplan mecanismos para objetar estas designaciones".
El rector también reveló información biográfica relevante sobre Guerrero: la funcionaria cursó seis semestres en la Universidad Popular del Cesar y anteriormente se desempeñó como representante estudiantil ante el Consejo de Bienestar Institucional de la misma institución.
Antecedentes judiciales recientes
El contexto de las críticas se intensifica al considerar los desarrollos judiciales recientes. Después de dos aplazamientos procesales, el 26 de marzo la Fiscalía General de la Nación imputó formalmente a Juliana Guerrero por su presunta responsabilidad en el delito de fraude procesal.
Según la investigación fiscal, Guerrero habría presentado al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público dos títulos académicos falsos expedidos por la Fundación de Educación Superior San José: uno como tecnóloga y otro como contadora pública profesional. Las autoridades sostienen que estos documentos carecen de validez, ya que la imputada nunca habría asistido a las clases correspondientes ni cumplido con los requisitos académicos.
Tras las acusaciones formales, Guerrero reconoció conocer los cargos imputados pero decidió no aceptarlos, optando por continuar con el proceso judicial en su defensa. Esta situación legal pendiente ha alimentado las críticas sobre su idoneidad para representar intereses gubernamentales en el ámbito de la educación superior pública.
