Universidades privadas enfrentan carga tributaria que amenaza recursos educativos
El reciente decreto de emergencia económica ha generado preocupación en el sector educativo superior colombiano, específicamente entre las universidades privadas, que ahora deben calcular su aporte al impuesto al patrimonio. Según análisis del Observatorio de la Universidad Colombiana, esta medida podría desviar aproximadamente $135.000 millones de recursos que actualmente se destinan a becas, programas de permanencia estudiantil e investigación científica.
Las instituciones con mayor carga tributaria
El estudio revela que 92 universidades con patrimonios superiores a $10.474 millones (datos de 2024) deberán pagar este impuesto. El listado está encabezado por tres instituciones emblemáticas:
- Universidad Externado de Colombia: Aproximadamente $23.466 millones
- Pontificia Universidad Javeriana: Alrededor de $9.115 millones
- Universidad Pontificia Bolivariana: Cerca de $8.202 millones
Estas cifras representan una transferencia significativa de recursos que, según las instituciones, actualmente financian programas académicos y de apoyo estudiantil.
Completan el top 10 de contribuyentes
El análisis detalla que el cuarto y quinto lugar corresponden a la Universidad de Los Andes ($8.133 millones) y la Universidad de Medellín ($5.532 millones). El ranking continúa con:
- Universidad Santiago de Cali: $4.725 millones
- Universidad Santo Tomás: $4.615 millones
- Universidad Libre: $3.740 millones
- Universidad Católica de Colombia: $3.269 millones
- Universidad Eafit: $3.234 millones (datos 2023)
Preocupación por el acceso y la sostenibilidad educativa
La Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) ha manifestado que, si bien comprenden la situación fiscal del país, solicitan una revisión cuidadosa de su inclusión en el decreto. "El impacto podría ser considerable en el acceso estudiantil y la sostenibilidad del sistema educativo", advierten representantes del sector.
Las universidades argumentan que estos recursos tributarios equivalen a miles de becas completas que dejarían de otorgarse, afectando principalmente a estudiantes de menores recursos. Además, señalan que la investigación científica, ya con financiación limitada, sufriría recortes adicionales que podrían retrasar avances en diversas áreas del conocimiento.
El debate se centra ahora en cómo equilibrar las necesidades fiscales del Estado con la preservación de la calidad y accesibilidad de la educación superior privada en Colombia, un sector que atiende a cientos de miles de estudiantes anualmente.
