Universidades privadas enfrentarían impuesto al patrimonio por emergencia económica
El Decreto 0173 del 26 de febrero de 2026, que implementa medidas tributarias asociadas al impuesto al patrimonio, ha desatado un intenso debate en el sector educativo colombiano sobre sus consecuencias para las instituciones de educación superior privadas. La Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior (Aciet) manifestó su disposición a entablar un diálogo técnico con el Gobierno Nacional para examinar detalladamente los efectos de esta disposición en el sistema universitario del país.
Umbral tributario y marco legal
La normativa establece que las entidades con patrimonio líquido igual o superior a 20.000 UVT quedarían sujetas al pago del impuesto al patrimonio. Para el año 2026, este umbral equivale a $10.474 millones, una cifra que ha generado preocupación entre las universidades privadas. La modificación se enmarca en las decisiones adoptadas para financiar gastos del Presupuesto General de la Nación, dentro del contexto del estado de emergencia declarado por el Decreto Legislativo 0150 de 2026.
El análisis del sector parte de lo establecido en el artículo 19 del Estatuto Tributario, que define que las asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas como Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) mantienen la calidad de contribuyentes conforme a las normas aplicables a las sociedades nacionales. Además, la discusión se sustenta en lo previsto por la Ley 30 de 1992, que en su artículo 98 establece que las instituciones privadas de educación superior deben organizarse como personas jurídicas de utilidad común y sin ánimo de lucro.
Impacto en recursos educativos
Desde el sector académico se ha señalado que el patrimonio de las instituciones educativas está comprometido con fines académicos y sociales, lo que implica que una parte significativa de estos recursos se encuentra representada en activos no líquidos. Entre ellos se encuentran:
- Campus universitarios
- Laboratorios especializados
- Bibliotecas y centros de documentación
- Clínicas universitarias y hospitales de práctica
Estos activos forman parte de la infraestructura esencial destinada a la formación profesional y la investigación científica. En ese contexto, rectores y analistas advierten que el pago del impuesto al patrimonio podría generar tensiones de liquidez y modificar sustancialmente la asignación de recursos institucionales.
Posibles consecuencias para la educación
De acuerdo con el análisis del sector, esta situación podría afectar recursos que habitualmente se destinan a:
- Infraestructura académica y mantenimiento de instalaciones
- Investigación científica y desarrollo tecnológico
- Programas de becas y apoyo financiero estudiantil
- Transformación digital y actualización tecnológica
- Mejoramiento de la calidad educativa y acreditación institucional
También se ha planteado que la disponibilidad presupuestal de las instituciones podría verse ajustada, lo que en la práctica podría reflejarse en:
- Aplazamiento de inversiones en laboratorios y equipamiento
- Reducción de recursos para proyectos de investigación
- Limitaciones en contratación docente y desarrollo profesional
- Restricciones en programas de bienestar universitario
Posición del sector educativo
Aciet señaló que reconoce la importancia de la corresponsabilidad fiscal en momentos de coyuntura nacional, pero indicó que las decisiones tributarias deben considerar la estructura particular del sistema de educación superior. "Este no es un análisis filosófico sino un razonamiento estructural sobre la sostenibilidad del sistema de educación superior en Colombia", afirmó Lorenzo Portocarrero Sierra, director ejecutivo de Aciet.
El gremio propuso abrir un espacio de trabajo técnico con el Gobierno Nacional para evaluar el impacto sectorial de la medida, revisar posibles esquemas de gradualidad y estudiar alternativas relacionadas con incentivos o descuentos tributarios vinculados a inversión en investigación, becas, tecnología y desarrollo regional. "La prioridad debe ser garantizar que ninguna medida tributaria comprometa la capacidad de las instituciones para seguir ampliando oportunidades educativas", concluyó Portocarrero Sierra.
La organización enfatizó que las universidades privadas operan bajo el Régimen Tributario Especial y no tienen como finalidad la generación de utilidades, cumpliendo una misión estratégica en la formación de talento humano, la generación de conocimiento y la competitividad del país.
