Universidades privadas enfrentan 'golpe millonario' con nuevo impuesto al patrimonio
El panorama de la educación superior en Colombia atraviesa una fase crítica, marcada por una tendencia inatajable de reducción en matrículas. Factores como el decrecimiento poblacional, el deterioro económico de los hogares, el interés de los jóvenes en opciones de estudio extracurriculares, la eliminación de créditos Icetex y el incremento de costos operativos por el salario mínimo han creado un escenario altamente inquietante.
Un decreto que genera alarma en el sector educativo
Sin embargo, esta realidad parece desconocida en los despachos donde se diseñan las normas tributarias. La expedición del Decreto Legislativo 0173 del 24 de febrero de 2026 ha ordenado tributos que tienen aterradas a las directivas de las instituciones de educación superior no oficiales. La Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) califica esta medida como un "golpe millonario" para el sector.
Según cálculos de Ascún, el impacto total de este gravamen se estima en $135 mil millones de pesos, una cifra que pone en riesgo la sostenibilidad financiera de decenas de instituciones. El nuevo impuesto grava a personas jurídicas con un patrimonio líquido superior a las 200.000 UVT, equivalente aproximadamente a $10.474 millones de pesos con valores de este año.
Al menos 75 universidades afectadas por la medida
La aplicación de este impuesto significaría que al menos 75 universidades privadas del país estarían obligadas a pagar una tasa del 0,50% sobre sus activos. Estas instituciones manejan patrimonios que sumados alcanzan los $27 billones de pesos, pero es crucial entender la naturaleza de estos recursos.
Los activos de las universidades no representan liquidez ni riqueza acumulada, sino infraestructura física esencial para su funcionamiento educativo:
- Edificios que contienen laboratorios especializados
- Bibliotecas con amplias colecciones académicas
- Aulas equipadas para la enseñanza
- Centros de investigación científica y tecnológica
La naturaleza sin ánimo de lucro bajo cuestionamiento
La mayoría de estas instituciones corresponden a entidades cuya naturaleza es Sin Ánimo de Lucro, una característica fundamental que el Gobierno parece ignorar al tratarlas como empresas comerciales. Las universidades privadas nunca producen utilidades en el sentido empresarial tradicional; lo que generan se convierte en "excedentes", denominación adecuada pues estos recursos deben reinvertirse obligatoriamente en el objeto social de cada institución.
Así las cosas, el impuesto representa un asalto a los recursos que ya estaban destinados a la misión educativa. Los fondos que deberían invertirse en mejoras académicas, investigación y apoyo estudiantil ahora se desviarían hacia el fisco nacional.
Críticas y preocupaciones sobre el futuro educativo
No sorprende que muchos sostengan, aunque formalmente no se declare, que esta movida tributaria constituye otro intento de debilitar a la universidad y educación privadas en Colombia. La medida llega en un momento particularmente vulnerable para el sector, que ya enfrenta múltiples desafíos estructurales y demográficos.
La pregunta que queda flotando en el ambiente académico es: ¿Cómo podrán las universidades mantener la calidad educativa mientras enfrentan esta nueva carga fiscal? El debate sobre el equilibrio entre necesidades fiscales del Estado y la protección del sistema educativo superior promete intensificarse en los próximos meses.
