Decisión judicial reabre caso de Silvia Gette en la Universidad Autónoma del Caribe
Un juez de Barranquilla ha emitido una resolución que ordena el restablecimiento de los derechos de Silvia Gette Ponce para que pueda retomar la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe, institución que dirigió durante varios años. La determinación judicial ha generado un intenso debate tanto en el ámbito académico como en el judicial, reviviendo un caso que lleva años en los tribunales.
Fundamentos de la decisión judicial
El Juez Segundo Penal Municipal con funciones de control de garantías, Néstor Segundo Primera, determinó que Gette debe ser reconocida como víctima dentro del proceso que investiga presuntas irregularidades en la elección de Ramsés Vargas Lamadrid como rector. Según el magistrado, existe una "inferencia razonable de autoría" sobre la posible falsificación de actas en las reuniones donde se definió dicho nombramiento.
Estas presuntas anomalías ya son materia de investigación por parte de la Fiscalía, que ha imputado a varios integrantes del entonces Consejo Directivo de la universidad. El caso se remonta a noviembre de 2025, cuando la Fiscalía imputó por fraude procesal y falsedad en documento privado a varios miembros del Consejo Directivo de 2013.
Superación de antecedentes penales
Uno de los aspectos más relevantes de la decisión es que, aunque Gette fue condenada en 2019 por el delito de abuso de confianza agravado -sentencia ratificada en 2022 por la Corte Suprema de Justicia-, el juez determinó que la pena ya fue cumplida. Por tanto, no existe actualmente una inhabilidad vigente que le impida ejercer cargos públicos o administrativos.
"Una vez cumplida la pena no se le puede cercenar", señaló el juez durante la audiencia, al tiempo que insistió en que el Estado debe garantizar el principio de resocialización y evitar sanciones perpetuas. Además, precisó que los estatutos de la universidad no contemplan una inhabilidad automática por antecedentes penales y que, de existir, podría entrar en conflicto con principios constitucionales.
Oposición del Ministerio de Educación
La decisión no estuvo exenta de controversia. El Ministerio de Educación se opuso firmemente al restablecimiento de los derechos de Gette, argumentando que ella no debía ser considerada víctima, ya que para el momento del nombramiento de Vargas Lamadrid no ocupaba el cargo de rectora. Según esta postura, si existió algún engaño, la afectada sería la propia entidad estatal.
Asimismo, desde el Ministerio se señaló que, al momento de esa designación, Gette enfrentaba procesos judiciales y medidas de aseguramiento, lo que, a su juicio, le impedía ejercer funciones directivas. A estas objeciones se sumó la defensa de uno de los imputados, quien sostuvo que el reclamo de Gette debía tramitarse por la vía laboral y no ante un juez de control de garantías.
Recurso de apelación y próximos pasos
Pese a los argumentos en contra, la decisión judicial contó con el respaldo de la Fiscalía y de la defensa de Gette, así como del propio Ramsés Vargas Lamadrid. Sin embargo, tanto el Ministerio de Educación como la Universidad Autónoma del Caribe interpusieron recurso de apelación, cuya sustentación quedó programada para el próximo 13 de abril.
El caso judicial se centra en la presunta elección irregular de Vargas Lamadrid como rector. Según la Fiscalía, el procedimiento no respetó los estatutos internos, que establecían que el vicerrector debía asumir el cargo en ausencia de la rectora titular. En cambio, el Consejo Directivo habría designado a Vargas Lamadrid sin cumplir los requisitos, lo que configuraría las conductas delictivas imputadas.
Caso paralelo: asesinato de Fernando Cepeda Vargas
En medio de este complejo panorama judicial, el nombre de Silvia Gette también aparece vinculado al proceso por el asesinato del arquitecto y ganadero Fernando César Cepeda Vargas, ocurrido en agosto de 2003. Este es uno de los casos más prolongados y polémicos en la justicia del Atlántico, donde Gette ha sido señalada como presunta determinadora del crimen bajo el sistema de la Ley 600.
Tras más de dos décadas, el caso se encuentra en etapa de alegatos de conclusión, fase previa al fallo. La hipótesis de la Fiscalía se ha apoyado en declaraciones de exintegrantes de grupos armados, quienes aseguran que el crimen habría sido ordenado por Gette en medio de disputas internas relacionadas con la Universidad y conflictos familiares.
Por su parte, Gette ha reiterado su inocencia en este caso, asegurando que ha sido víctima de una persecución y extorsión por parte de exparamilitares, y que su nombre fue utilizado sin pruebas para incriminarla. El caso, que supera los 20 años, sigue a la espera de una decisión judicial definitiva.
La resolución del juez Primera reabre así un capítulo clave en la historia reciente de la Universidad Autónoma del Caribe, dejando en suspenso el desenlace definitivo de un caso que sigue generando divisiones y debate en la comunidad académica y judicial de Barranquilla.
