El ascenso controvertido de Juliana Guerrero en la Universidad Popular del Cesar
Juliana Guerrero, una joven de apenas 23 años, se ha convertido en una figura de poder dentro de la Universidad Popular del Cesar (UPC) como delegada del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Superior, el máximo órgano de gobierno de esta institución pública. Lo llamativo de su caso radica en que Guerrero no terminó sus estudios de Contaduría en esta misma universidad, habiendo cursado solo cinco semestres, y su título profesional posterior ha sido cuestionado judicialmente.
Una presencia determinante en la elección rectoral
La reciente elección de Guillermo Echavarría Gil como rector de la UPC no habría sido posible sin la intervención activa de Juliana Guerrero. En una sesión del Consejo Superior realizada en tiempo récord y sin la presencia completa de todos los consejeros, incluida la representación estudiantil, Guerrero jugó un papel fundamental en la orquestación del nombramiento. Su participación fue tan visible que generó inmediatas reacciones dentro de la comunidad universitaria.
Lo paradójico es que, mientras Guerrero eludió una audiencia de imputación de cargos por la obtención irregular de su título en la Fundación Universitaria San José, sí asistió puntualmente a esta crucial sesión del consejo universitario. Esta selectividad en sus compromisos judiciales versus institucionales ha aumentado las suspicacias alrededor de su figura.
Los cuestionados orígenes de su designación
Guerrero fue designada como representante presidencial ante el Consejo Superior el 1 de abril de 2025, supuestamente por su cercanía con el ministro del Interior, Armando Benedetti -de quien fue jefa de gabinete- y por su pasado como estudiante y activista en la UPC. Sin embargo, ambos argumentos se han desmoronado ante la evidencia.
En primer lugar, su trayectoria académica en la UPC fue truncada y nunca obtuvo un título de esta institución. En segundo lugar, su supuesta conexión con el movimiento estudiantil se quebró cuando las propias organizaciones estudiantiles de la universidad enviaron una carta al presidente Petro pidiendo su remoción del Consejo Superior. En la misiva, los estudiantes acusaron a Guerrero de haberles "dado la espalda" y de representar "la continuidad de las prácticas que hemos combatido".
Los vuelos polémicos y la intervención en autonomía universitaria
Antes incluso de que su nombre sonara para viceministra de Juventudes, Juliana Guerrero ya generaba controversia por su relación con la UPC. La Contraloría General de la República determinó que utilizó aeronaves de la Policía Nacional, pagadas por el Ministerio del Interior, para desplazarse a Valledupar y Aguachica entre el 19 y 20 de junio de 2025.
Estos vuelos, calificados como de carácter personal por el organismo de control, tenían como objetivo participar en una reunión del Consejo Superior donde se buscaba modificar los estatutos universitarios para facilitar la reelección del entonces rector Rober Romero. Guerrero habría señalado en las sesiones que esta intervención era "una orden de Presidencia", lo que representa una clara intromisión en la autonomía universitaria.
Las irregularidades en el nombramiento del nuevo rector
El proceso que llevó a Guillermo Echavarría Gil a la rectoría de la UPC está plagado de irregularidades. Los estatutos exigen al menos cinco años de experiencia docente en educación superior, pero Echavarría Gil solo contaba con nueve meses de docencia en la UPC al momento de postularse.
Para cumplir con el requisito, presentó una certificación expedida por Uparsistem, una institución de Educación para el Trabajo que por ley no ofrece programas de educación superior. Aunque inicialmente el Tribunal de Garantías Electorales rechazó su candidatura por falta de experiencia, posteriormente revirtió su decisión y reconoció seis años de docencia, un cambio de criterio que genera profundas dudas.
Las consecuencias de su influencia
El papel determinante de Juliana Guerrero en el nombramiento de Echavarría Gil ha desencadenado protestas estudiantiles dentro de la Universidad Popular del Cesar. Los estudiantes cuestionan no solo las irregularidades en el proceso de selección, sino también la presencia en el máximo órgano de gobierno de una persona con un título profesional cuestionado judicialmente.
La situación revela una preocupante dinámica donde una funcionaria con credenciales académicas dudosas ejerce un poder desproporcionado en una institución de educación superior pública, generando tensiones entre el gobierno nacional, la autonomía universitaria y las demandas de transparencia de la comunidad académica.
